domingo, 31 de mayo de 2009

No lea libros de economía

Rafael Alberti escribió un libro sobre los cómicos del cine mudo titulado Yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos. Jugaba a poetizar la conveniencia de la estupidez. Perseguidores de metáforas que hablasen de la plenitud humana, los poetas contemporáneos han pagado en muchas ocasiones la factura de la luz, es decir, la navaja que usa la inteligencia para romper las promesas y los falsos consuelos. Rubén Darío envidiaba la imposibilidad que tienen las piedras de pensar y sentir. Somos, al fin y al cabo, hijos de Eva, sabemos que es peligroso acercarse al árbol de la sabiduría y que una visión demasiado clara puede dejarnos ciegos.

Aconsejo últimamente a mis amigos que no lean libros de economía. No lean, por ejemplo, el estudio titulado La crisis (Attac), que acaba de publicar Juan Torres, catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla. El desconocimiento ayuda a vivir con tranquilidad. Siempre he considerado a los economistas como una especie de sacerdotes contemporáneos, celadores de un saber casi divino del que está excluido el común de los mortales. Me había acostumbrado a acatar sus consejos y profecías como el testimonio de una verdad que nos condenaba casi siempre a la prudencia. Pero la crisis es un asunto demasiado insistente, y yo he cometido el error de atreverme a leer estudios económicos para entender algo del proceso que estamos soportando. La verdad es que he perdido el sosiego, estoy malhumorado y con ganas de volver a la militancia activa. Juan Torres publicó hace unos años el libro Toma el dinero y corre. La globalización neoliberal del dinero y las finanzas, en el que profetizaba todo lo que ahora analiza como una realidad cumplida.

Cuesta trabajo asumir la frialdad criminal con la que los reyes del dinero han cambiado la economía productiva por la economía especulativa. Asombra la ingeniería mercantil que ha prescindido con alevosía de la creación de riqueza para forzar unos negocios avarientos, preocupados sólo por aumentar las ganancias de los que más tienen. Sobrecogen las malas artes de los bancos para hacer dinero con nuestras hipotecas, multiplicando sus negocios gracias a inventos de opacidad fiscal. Y llena de cólera comprender cómo los gobiernos europeos, conservadores y socialistas, han confundido la modernidad con la toma de decisiones encaminadas a favorecer la avaricia de los bancos y de sus especuladores. ¡Vaya Europa hemos creado!

Mejor no saber, les digo a mis amigos. Porque resulta duro seguir una campaña electoral cuando se comprende que no sólo nuestra crisis, nuestro paro, sino también los 31.000 niños que mueren al día de hambre y sed, están íntimamente relacionados con las sonrisas de los respetables banqueros que celebran sus beneficios. No, mejor no leer, porque la sabiduría te convierte en un individuo colérico, o en alguien condenado a perder su comodidad, alguien que debe buscar soluciones. Los bancos han conseguido poner en muy pocas manos el dinero del mundo, 1.400 manos en España, y cuando la velocidad de la especulación se hizo insostenible han conseguido también que el dinero público, el de los pobres, pague sus pérdidas.

Los libros de economía te enseñan que no estamos viviendo una crisis económica, sino política, una crisis de derechos humanos, una crisis sentimental. Hace falta haber perdido la compasión ante los que sufren para humillar de esta forma la política a los bancos. El estado actual de la economía, un casino tramposo, nos obliga a ponernos a trabajar, a recuperar la fraternidad, a abandonar las viejas formas que han hecho posible el imperio de los avaros. Habrá que inventarse algo. ¿Complicarse otra vez la vida? Mejor no leer, hacerse el tonto, no sentir junto a los que sienten, vivir como las piedras que envidiaba Rubén Darío.

Luis García Montero. Comité de Apoyo de Attac. El País

jueves, 28 de mayo de 2009

Marcha de Personas Paradas y Afectadas por la Crisis


'Marcha de personas paradas y afectadas por la crisis'

Domingo 31 de mayo
Partirá a las 10:30 de la mañana desde la Plaza del Ayuntamiento de Molina y acabará en el Palacio de San Esteban de Murcia.

http://www.youtube.com/watch?v=fzdStvqgcOU

Más de 140.000 parados, de los que sólo 72.800 cobran lo prestación por desempleo. Los embargos bancarios por impago de hipoteca aumentan un 140 por ciento en el último año. Ninguna de las medidas adoptadas a nivel estatal ni regional atiende estas situaciones.

Esas son algunas de las causas por el Foro Social de Murcia y algunas organizaciones como el sindicato Sterm-Intersindical han convocado para el próximo domingo 31 de mayo la 'Marcha de personas paradas y afectadas por la crisis', que partirá a las 10:30 de la mañana desde la Plaza del Ayuntamiento de Molina y acabará en el Palacio de San Esteban de Murcia.

martes, 26 de mayo de 2009

¿Los derechos humanos son de verdad universales?. Contra la impunidad

Varios procesos penales tramitados de manera simultánea en nuestros tribunales por crímenes internacionales han provocado –porque afectaban a poderosos estados del planeta– una reforma legal urgente que limita y desactiva la jurisdicción universal, para evitar, se dice, conflictos diplomáticos y que España se convierta en un gendarme mundial. Ante esa iniciativa es necesario recordar que los derechos humanos son universales, sea quien fuere la persona o el poder que los violente y la condición de la víctima.

La competencia extendida de las jurisdicciones nacionales para la persecución de los delitos internacionales –genocidio, crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad– es una conquista reciente, aunque el derecho internacional imponía esa obligación desde hacía tiempo, así en 1949 para los crímenes de guerra. Por ese principio, cualquier Estado puede ejercer su jurisdicción ante ofensas graves a los intereses de la comunidad internacional, al margen del lugar de ejecución y de la nacionalidad del autor o de la víctima. Se intentaba reducir la inmensa impunidad de los crímenes de derecho internacional, los más graves, por su carácter sistemático y masivo, que conmueven la conciencia de la humanidad.

De su mano se ha impulsado una expansión del derecho en la esfera mundial, reconociendo la universalidad de los derechos humanos. Los que se consideran básicos en todas las culturas, porque atañen a la vida, la integridad y la libertad, han de gozar de un mínimo de protección efectiva. Como objetivo, habilitar un lugar a los derechos humanos en el orden global, a ser posible preferente. La jurisdicción universal cuestiona principios de funcionamiento de la sociedad internacional como los de no injerencia y respeto a la soberanía nacional, garantía de impunidad. Tal peligro representa la universalidad de los derechos. Contra la impunidad ha de levantarse una ciudadanía mundial, cuyo sustento sea la humanidad como sujeto de derecho, que a falta de articulación política en la globalización se sienta solidaria ante las peores violaciones de los derechos humanos.

Para ello se ha establecido un sistema de mínima tutela al que deben concurrir todas las instancias e instituciones públicas, tanto a escala nacional como regional, interestatal y supranacional. Es así como puede atisbarse la emergencia de un poder jurisdiccional penal global, con base en la obligación de la comunidad internacional y de los estados nacionales de proteger y dotar de eficacia universal a los derechos humanos, horizonte y compromiso que proclamara la carta de las Naciones Unidas.

Hemos asistido a dos desarrollos de ese proyecto civilizador. La justicia universal internacional, cuya expresión es la Corte Penal Internacional, paradigma de la globalización del derecho. Y el principio de competencia universal ejercido por las jurisdicciones nacionales, manifestación de una globalización que opera desde escalas locales. España se ha convertido en un modelo de jurisdicción extendida al haber acogido dicho principio sin limitaciones, con carácter absoluto, lo que expresa un compromiso fuerte en la persecución de los crímenes más graves y nos sitúa como referente en el derecho internacional y comparado.

El descubrimiento del derecho internacional penal por los jueces nacionales es un hecho inusitado, digno de ser apreciado y defendido porque evidencia la capacidad expansiva de los derechos humanos, el efecto simbólico de su vocación universal que ha permitido avanzar desde su primera y usurera concepción vinculada al hombre blanco europeo y propietario, que excluía a mujeres, esclavos, trabajadores y extranjeros, la gran mayoría de la población. La ciudadanía se ha ampliado a consecuencia de luchas sociales y políticas. Y los derechos humanos han dejado de ser patrimonio del Estado; ahora le obligan. Debemos aspirar a que ningún Estado, ni el más poderoso, pueda librarse de la fuerza del derecho y del deber de respeto a los derechos humanos.

Con esa finalidad se ha reconocido la responsabilidad penal individual y la de los mandatarios y jefes de Estado, superando las inmunidades diplomáticas. Ha nacido un espacio universal de jurisdicción penal compartida, donde interactúan tribunales internacionales y nacionales, en interés de la humanidad. Un orden jurídico internacional plural y complejo en el que conviven, en redes superpuestas, normas y jurisdicciones nacionales, regionales y mundiales. Esa especie de mundialización de los jueces –cuyo caso emblemático fue el asunto Pinochet– que tanto asusta a los gestores de la cosa pública preocupados por los intercambios económicos, es una de las palancas de la globalización del derecho, que las sociedades deben entender como un baluarte frente a la difusión de la barbarie y el desorden.

La Corte Penal Internacional, las prescripciones relativas a los crímenes internacionales y su persecución universal reproducen el discurso del Estado constitucional de derecho en la esfera global, el proyecto moderno del sometimiento de todos los poderes, públicos y privados, al derecho y a los derechos humanos. La legalidad es un mecanismo excepcional para lograr una comunidad internacional decente y equilibrada. En el contexto neoliberal dominado por criterios de interés privado, la aplicación de la legalidad internacional, que articula la capacidad de ordenación del derecho, puede asumir un papel contrahegemónico. La restricción de la jurisdicción universal frenaría ese desarrollo de los derechos humanos, significaría el triunfo de la razón de Estado (de estados delincuentes) sobre la razón del derecho. Una reversión histórica.

Ramón Sáez es magistrado de la Audiencia Nacional.

Fuente: Público

domingo, 24 de mayo de 2009

Reforma laboral en tiempos de crisis

Consejo de Redacción Economía Crítica.


Estábamos esperando y ha llegado el momento. Finalmente y con la colaboración de cien economistas liberales pretendidamente expertos en economía del trabajo , ya tenemos encima de la mesa una discusión pública acerca de futuras reformas laborales en España. No nos sorprende en absoluto porque es el mecanismo inmediato con el que los liberales buscan dar salidas a las crisis económicas, y en este punto poco importa que la cuestión discutida tenga mucho o poco sentido mientras cumpla su función.


Precisamente por eso mismo estos cien economistas reconocen en su documento que la crisis actual se ha originado en el mercado financiero y que de forma directa nada tiene que ver con el ámbito laboral. Sin embargo, de forma seguida dan un salto mortal y continúan argumentando que es necesario lanzarse a reformar la forma en que se despide y contrata, los impuestos asociados a la actividad productiva y otra serie de medidas de claro sesgo liberal y regresivo. Esta estrategia argumentativa tan cínica permite visualizar perfectamente el objetivo último de la propuesta: dar salidas a la crisis en la forma de recuperación de las tasas de rentabilidad productivas, lo que sólo puede conseguirse con una nueva vuelta de tuerca al respecto de la situación de los trabajadores y demás precariado. Y es que, ¿de verdad está el problema en el ámbito laboral?


Efectivamente la tasa de paro en España está muy por encima de la media en el resto de los países europeos, y de lejos es el país que más está pagando la crisis internacional en términos de empleo. Sin embargo es precisamente la fuerte exposición española a sectores tan inestables como la construcción y el turismo lo que explica ese comportamiento tan distinto, y no tanto la actual configuración de las relaciones laborales de contratación. Los despidos se están produciendo con relativa facilidad y sobre todo se están destruyendo aquellos puestos de trabajos que son más precarios.La precariedad de ayer es el paro de hoy. Quienes no se beneficiaron ayer del crecimiento son quienes van a pagar hoy las crisis que se desatan en los cuatro polos del planeta tierra.


Para comprender esta situación hay que remontarse a la entrada de España en la Unión Europea, momento en el cual nuestro país se especializó en estos sectores (construcción y turismo) y abandonó toda política industrial. Esta configuración de la estructura productiva tuvo consecuencias inmediatas en el mercado laboral, precisamente en la medida en que requería de mano de obra poco cualificada y muy dinámica (expuesta a los ciclos de turismo y a las burbujas inmobiliarias). Este modelo que pretendía ser competitivo ha estado sustentado además en los bajos salarios. No obstante, esta inserción fue exitosa en términos de crecimiento económico, ya que con el impulso de las burbujas formadas en el sector inmobiliario han permitido a España disfrutar de un crecimiento sin precedentes.


Pero cuando han cambiado las condiciones coyunturales y ha devenido el estallido de la burbuja inmobiliaria las cosas han cambiado radicalmente. La competencia de otros destinos turísticos y el cambio en el patrón de consumo turístico, la caída de la demanda mundial como consecuencia de la crisis financiera, el estancamiento económico en términos de inversión productiva tras el cierre del grifo del crédito, y el ya mencionado fin de la burbuja inmobiliaria española son los factores que conjuntamente han provocado la actual situación.


Toda la producción ha tenido que ajustarse a la nueva situación, y el proceso ha sido más rápido de lo normal por la alta precariedad propia de la estructura económica española. Pero el ámbito laboral no es la causa de los problemas, ya que su configuración concreta responde a un modelo productivo determinado, que en el caso español es el de una economía subdesarrollada. De tal modo que ninguna medida que no pase por la radical reconfiguración de este modelo tendrá éxito sin arrasar aún más los derechos de los trabajadores y demás precariado.


Y es precisamente esto último, un "avance" regresivo en términos de derechos sociales y laborales, lo que buscan los autores liberales que han escrito el documento con el que abríamos esta editorial. De la misma forma que el debate de los planes de pensiones ha resurgido en los momentos en los que los bancos y otras instituciones que administran planes de pensiones privados más necesitan capitales de esta naturaleza, el debate en el mercado laboral resurge en los momentos en el que las rentabilidades productivas necesitan reactivarse por el lado de los beneficios.


No en vano, el modelo productivo que proponen los liberales es el mismo que el que hemos tenido hasta ahora, ahora fracasado, pero acentuado en sus condiciones objetivas con el fin de incrementar la competitividad internacional vía bajos salarios. Ello conlleva nuevas reformas regresivas tanto en el ámbito fiscal (con rebajas de impuestos) como en el ámbito laboral (haciendo caer aún más la proporción de la renta que obtienen los trabajadores o, lo que es lo mismo, ampliando la cuota que reciben los beneficios).


Los sindicatos tienen que despertar de una vez y enfrentarse con propuestas en positivo y que planteen una reforma estructural de la economía española. Hay que trascender el plano laboral para entrar en la discusión no sólo del modelo productivo, sino también del sistema económico, tanto para discutir sus posibles reformas como para evidenciar sus límites estructurales dentro de su gestión por unas élites políticas y económicas cuyas lógicas están totalmente desprestigiadas dado lo que está callendo. De lo contrario únicamente se estará jugando a lo que quieren los de arriba contra los de abajo, y sin duda no hay peor salida que ésta para los trabajadores y parados, amas de casa, jubilados, mujeres, jóvenes, inmigrantes y demás precariado al que la crisis enseña con fuerza sus garras. Y debemos rechazar medias reformas del modelo productivo que mantengan la subordinación laboral de los trabajadores en las decisiones económicas, o que arranquen mejoras en altos despachos en los que poco les importa que determinados avances sociales en los países centrales se lleven a cabo a costa de una expropiación a las periferias subdesarrolladas, cuya agudización también parece estar invitada a la cena de las reformas Obama, Sarkozy, Zapatero y compañía. No se sabe en que dirección, hacía dónde dicen los 100 economistas o rumbo a las propuestas radicales de base que proponen la plataformas y colectivos que proliferan desde los movimientos sociales contra la crisis. Pero el caso es que, sin duda, corren tiempos de cambio....



sábado, 23 de mayo de 2009

Festival Ecológico-Cultural Air-Toxic. Alumbres (Cartagena)


Toxic Air Festival
Alumbres (Cartagena)

Sábado 30 de mayo de 2009
Hora de inicio: 11 h de la mañana

El Colectivo “La Bola Cartagena”, va a realizar en colaboración con la AA.VV. de Alumbres, el proyecto medio ambiental y cultural denominado: “Toxic Air Festival”. En el mismo están invitados a participar todos los colectivos, asociaciones, administraciones, grupos políticos, empresarios y ciudadanos que así lo deseen.

El “Toxic Air Festival”, se realizará el sábado 30 de Mayo, en horario de 11h de la mañana del sábado a 2:30h de la mañana del domingo, (duración total de 15:30 horas), en dos ubicaciones que distan entre si 300mts. Una es la Pista Polideportiva de Alumbres y, la otra, el Salón de Actos del Local Social de dicha localidad. La entrada a ambas será libre y, aunque dirigido principalmente a un público joven, está abierto a la participación de toda población en general.

Con este festival, pretendemos mostrar de una forma lúdica y participativa:

La situación medio ambiental de la región de Murcia y en concreto del municipio de Cartagena. Para ello se crearán diversos espacios, como mesas de debate, donde poder llegar a conclusiones, (por parte de todos los colectivos y personas participantes), con la finalidad de elaborar un documento final que recoja las conclusiones de esta jornada, que será elevado a las administraciones competentes en la materia. También se realizarán micro-conferencias, proyección de documentales y visuales, excursiones a pie de corta duración y dificultad baja a puntos de interés medio ambiental de Alumbres, etc.

Desde nuestra modesta aportación queremos crear un espacio de encuentro y debate, pretendiendo que también esté destinado a la concienciación.

Durante la jornada del festival se habilitarán espacios de información, en los cuales, cada asociación o colectivo participante pueda mostrar públicamente el material que estime oportuno.

Al mismo tiempo, como propuesta artística de la organización, se fusionarán en el mismo espacio escénico y temporal, música en directo, sonidos del mundo, animaciones, performances, acciones dramáticas y danza, así como en un horario más nocturno las últimas tendencias visuales y musicales que nos mostrarán jóvenes artistas y dj´s de la comarca de Cartagena y de toda la Región, con imágenes y sonidos que den soporte a la jornada festiva de encuentro, debate e información que se propone.

Contacto

Coordinador Toxic Air Festival:

Gregorio Riquelme Artés

Tlf – 626 819 532

Emails: toxicairfestival@hotmail.com + labolacartagena@hotmail.com

Páginas web: www.toxicairfestival.es + www.labolacartagena.es

¿Y esto es la sostenibilidad?

En los últimos meses han pasado por los estudios de televisión y de radio, y se han pronunciado en las páginas de los periódicos, decenas de dirigentes políticos, de economistas, de sindicalistas y de periodistas, próximos al Gobierno o cercanos a la oposición. Aunque a menudo disientan en lo que respecta a las medidas precisas que conviene arbitrar, todos parecen estar de acuerdo en algo importante: para dejar atrás la crisis en curso hay que recuperar la senda del crecimiento económico y conseguir que despierte de una vez por todas el consumo.

En un planeta en el que sobran los argumentos para afirmar que el crecimiento no genera cohesión social, provoca agresiones medioambientales muchas veces irreversibles y propicia el agotamiento de recursos que no estarán a disposición de las generaciones venideras, cada vez es más urgente que busquemos, por ello, otros horizontes. Sorprende, sin embargo, que muchos de quienes han hecho de la sostenibilidad su bandera de enganche prefieran esquivar la conclusión de que en los países ricos tenemos que asumir cuanto antes reducciones drásticas en la producción y en el consumo, de la misma suerte que tenemos que repartir el trabajo en provecho de modelos que hagan de la redistribución de la riqueza, de la vida social, del ámbito local y del ocio creativo sus cimientos.

Nada de esto último se aprecia, ni de lejos, en las posiciones que abrazan hoy nuestros gobernantes, empeñados en sacar adelante diagnósticos de lo que sucede tan errados como interesados. Recuérdese que hace algo más de un año el presidente Rodríguez Zapatero eludía mencionar, en sus discursos, la palabra crisis. Después se inclinó por arrojar todas las culpas de lo que ocurría sobre los desmanes que ha dado en exportar la economía norteamericana –ninguna correspondía, en cambio, a un modelo, el español, al parecer en modo alguno lastrado por flujos especulativos de diversa índole–, para, en los últimos tiempos, descargar sus iras contra una burbuja inmobiliaria que, según una singularísima visión, nada habría tenido que ver con las políticas alentadas por el Partido Socialista desde las más diversas instancias. ¿Cuánto tiempo tardará Rodríguez Zapatero en percatarse de las contradicciones flagrantes de lo que defiende ahora?


No hay manera de casar el omnipresente discurso de la sostenibilidad con medidas como las que el Gobierno español ha decidido alentar en respuesta a la crisis. Una de ellas es esa enloquecida apuesta por la alta velocidad ferroviaria que tanto gusta –dicen– al presidente norteamericano de estas horas. A su amparo está claro qué es lo que se nos viene encima: una forma de transporte que reclama salvajes agresiones contra el medio, propicia la desertización ferroviaria del grueso del territorio, es extremadamente onerosa en términos energéticos y se traduce en precios inalcanzables para la mayoría de los ciudadanos.

Otra de esas medidas la aporta la frenética construcción de nuevas autovías sin que nadie explique convincentemente quién las va a poder utilizar en el futuro, cuando se disparen los precios de las materias primas energéticas que empleamos. Qué no decir, en fin, de la impresentable, y discriminatoria, decisión de subvencionar con recursos públicos la compra de automóviles. ¿No sería más razonable que, lejos de pensar en los intereses de las grandes empresas, nuestros gobernantes ayudasen, antes bien, a quienes han decidido prescindir de un instrumento, el coche, que retrata cabalmente muchos de los elementos de insostenibilidad que atenazan a nuestras sociedades? Mientras se apoyan con descaro olímpicas parafernalias, por momentos despunta, en fin, la lamentable retahíla que da cuenta del liderazgo español en tecnologías verdes, casi siempre adobada, por añadidura, con la triste defensa, también en este ámbito, de la competición más feroz.

Bien es cierto que los desafueros transcienden el terreno de la sostenibilidad. Para cerrar el círculo, nuestros gobernantes repiten incansables que no van a aceptar rebajas, en provecho de los empresarios, en lo que atañe a las reglas del juego del mercado laboral. Empiezan a menudear las noticias, sin embargo, que sugieren que el Partido Socialista sopesa introducir algunas de esas rebajas en un escenario en el que los empresarios a los que acabo de referirme no tienen mucho de qué quejarse: al amparo de una precariedad que se impone por doquier, las normas imperantes han permitido –no se olvide– un crecimiento espectacular de la cifra de desempleados, en muchos casos sin cobertura alguna.

Para que nada falte, entre nosotros se ha optado por importar un modelo, el norteamericano, que defiende medidas de socorro tan generosas como urgentes cuando las entidades financieras están al borde de la quiebra, pero no actúa con la misma benevolencia y energía cuando son las economías de los trabajadores –recuérdese a las decenas de miles de inmigrantes que contrajeron hipotecas en condiciones próximas a la usura– las que se hallan con el agua al cuello.

Y es que quienes nos dirigen, de siempre remisos a poner el dedo en la llaga de lo que supone un capitalismo depredador e injusto –hoy, por cierto, a la deriva–, defienden, sí, el bien común… siempre y cuando no choque con los intereses particulares de las grandes empresas. Que se lo digan, si no, a Microsoft, que a buen seguro se apresta a sacar tajada de ese ambicioso programa que, de hacerse realidad, pondrá en manos de nuestros niños un magnífico ordenador llamado a resolver mágicamente las carencias del sistema educativo que arrastramos.

Carlos Taibo es profesor de Ciencia Política.

Fuente: Público

La sociedad civil quiere discusión de fondo, no retrasos de procedimiento en la Conferencia de ONU sobre la crisis

DECLARACION de los MMSS sobre las negociaciones de los resultados de la Conferencia de ONU sobre la Crisis Financiera y Económica Mundial y sus Impactos en el Desarrollo

1. Nos enfrentamos a una crisis sistémica global, que se originó en los países ricos del Norte, sus insostenibles patrones de consumo y producción y el comportamiento económico irresponsable de sus actores sociales dominantes. La crisis afecta a miles de millones de personas alrededor del mundo, empujando a muchos de ellos al desempleo y la pobreza, y la violación de sus derechos económicos, sociales y culturales.

2. La respuesta del G20 no fue suficiente para abordar las causas profundas de estas múltiples crisis alimentaria, climática, de los mercados financieros y del desarrollo sostenible.

3. La crisis global necesita una respuesta global que implique a todas las sociedades afectadas por la crisis. Por lo tanto, las Naciones Unidas es el único foro legítimo a través de la cual se puede resolver la crisis. Esta es la razón por la cual recibimos con beneplácito la decisión de los gobiernos en Doha de celebrar una Conferencia de las Naciones Unidas sobre la crisis económica y financiera mundial y sus impactos en el desarrollo.

4. Desde la Conferencia de Doha, a los diplomáticos en Nueva York les ha llevado más de 16 semanas el llegar a un acuerdo sobre las modalidades de la “Conferencia sobre la crisis”. Ellos son responsables de la demora, son responsables de la falta de tiempo para las negociaciones de fondo sobre el resultado de la conferencia.

5. Organizaciones y Redes de la Sociedad Civil elaboraron declaraciones listando sus recomendaciones y exigencias sobre la forma de abordar la crisis actual, empezando por el “Documento de Referencia de la Sociedad Civil” en el período previo a la Conferencia de Doha de 2008.

6. Muchas de nuestras exigencias se reflejan en las recomendaciones presentadas por la “Comisión Stiglitz” en marzo de 2009. Por esta razón, consideramos estas recomendaciones como una buena base sobre la cual construir un nuevo sistema económico y financiero global.

7. Muchas de nuestras posiciones se reflejan también en el primer borrador de documento final presentado por el Presidente de la Asamblea General (PAG), el 8 de mayo de 2009. Entendemos que las recomendaciones que figuran en este documento contienen medidas de corto plazo que deben ser implementadas de inmediato como respuesta a la crisis actual, tales como la suficiente financiación de un paquete de estímulo global, y medidas de largo plazo, tales como el establecimiento de un nuevo Sistema Mundial de Reservas o la propuesta de una Autoridad Fiscal Mundial. Estamos de acuerdo en que la conferencia de la ONU en junio tiene que llegar a respuestas inmediatas a la crisis y, simultáneamente, decidir las reformas de largo aliento en un plazo decidido por los gobiernos en conjunto.

8. En contraste, el borrador de documento de los co-facilitadores, de fecha 6 de mayo de 2009 no especifica las acciones necesarias de corto plazo ni tampoco contiene compromisos concretos para las reformas estructurales de largo plazo. Se limita a reconfirmar principalmente – mediante la adaptación de un lenguaje ya acordado - las decisiones adoptadas en la Conferencia de Doha y las Cumbres del G20. Las recomendaciones de política en este documento carecen de sentido de urgencia. Las recomendaciones de reformas institucionales (párrafo 47) son interesantes pero, según los co-facilitadores, sólo “pueden ser consideradas”. Esta frase diplomática hace que cualquier recomendación resulte inútil. Si los gobiernos llegaran a acordar sobre ese documento final, contribuirían a debilitar aún más a las Naciones Unidas como un foro global para la coordinación de la política económica y la toma de decisiones y fallarían por completo en encontrar respuestas de fondo a la crisis actual.

9. Entendemos que en virtud del escaso tiempo será difícil que los gobiernos lleguen a un acuerdo sobre un conjunto amplio de medidas de reforma radical, como las que sugiere el borrador del PAG. Sin embargo, un consenso sobre muchas de las propuestas concretas de reforma que están sobre la mesa aún puede ser alcanzado. Entre las decisiones que son de alta prioridad y que podrían ser adoptadas en la Conferencia de las Naciones Unidas sin más dilación, están las siguientes:

- La iniciativa de establecer un Panel Global sobre los Riesgos Sistémicos en la Economía Mundial, siguiendo el modelo del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, que reúne a académicos, sociedad civil y encargados de formular políticas.

- La decisión de elevar la Comisión de Expertos sobre Cooperación Internacional en Cuestiones Tributarias a una Comisión Intergubernamental sobre Cuestiones Tributarias en calidad de comisión orgánica del Consejo Económico y Social (ECOSOC) a finales de 2009.

- El compromiso político para introducir un Impuesto a las Transacciones Financieras coordinado a nivel internacional a fin de movilizar recursos adicionales para un Fondo de Estímulos Globales a corto plazo y la implementación a largo plazo de Objetivos de Desarrollo acordados internacionalmente, incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

- El establecimiento de un Consejo de Coordinación Económica Global dentro del sistema de las Naciones Unidas.

- La decisión de revisar el acuerdo entre la ONU y las Instituciones de Bretton Woods (IBW), a fin de mejorar la coordinación y la coherencia de las políticas mediante la integración completa de las instituciones de Bretton Woods como agencias especializadas dentro del sistema de la ONU.

10. Hacemos un llamamiento a los gobiernos a no usar argumentos de procedimiento como una excusa para retrasar aún más las negociaciones de fondo sobre la urgente necesidad mundial de dar respuestas políticas a la crisis actual.


DOCUMENTOS DE INTERÉS

lunes, 18 de mayo de 2009

G-192 frente al G-20

El pasado 16 de abril, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptaba las modalidades de realización de la iniciativa de su presidente Miguel d’ Escoto, ex ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, convocando para los días primero, 2 y 3 de junio próximo, una Conferencia de los jefes de Estado de los 192 países de la ONU sobre la crisis mundial, esta última tiene su origen en los países del norte y afecta gravemente a los periféricos.

El Banco Mundial estima que las 129 naciones más pobres afrontarán en 2009 un déficit de 700 mil millones de dólares. El desfinanciamiento financiero alcanza actualmente la economía real. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), más de 50 millones de trabajadores perderán su empleo en menos de un año.

Para hacer frente a la grave crisis mundial se requiere la participación de toda la comunidad internacional. El G-20 se ha autoproclamado el árbitro mundial, pero falta la legitimidad jurídica y moral para tomar las decisiones que afectan al conjunto de los países del mundo.

En efecto, este grupo de naciones representa más de 80 por ciento del peso económico mundial, pero su poder decisional significa que las víctimas no tienen derecho a la palabra. Sin embargo, es entre ellos que se encuentran los principales expertos en materia de pobreza.

Para preparar la Conferencia de los jefes de Estado (el G-192), una Comisión por las Reformas del Sistema Financiero y Monetario Internacional fue creada bajo la dirección de Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía y ex vicepresidente del Banco Mundial. Esta comisión está compuesta por 20 miembros, esencialmente economistas, ex ministros de Finanzas o directores de bancas centrales tanto de los países del norte como aquellos del sur.

En efecto, el G-20 no se ha mostrado a la altura de los desafíos de este momento de grave crisis mundial. En un editorial del New York Times, del 7 de abril, con respecto a la promesa de apoyo a las economías de la periferia, se podía leer: “Una parte del dinero ya había sido asignada, otra es el resultado de un doble cálculo, y otra parte será pagada en moneda de síntesis y no en efectivos”.

Por otro lado, las medidas que conciernen a los paraísos fiscales son incompletas y parcializadas. Las principales plazas anglosajonas no son concernidas por estas medidas. La aplicación de las medidas políticas en relación con los países del sur son confiadas al Fondo Monetario Internacional (FMI), uno de los principales autores de las acciones pro cíclicas aplicadas en la periferia.

En lo que concierne a las reformas de las instituciones financieras, se reducen a algunos votos suplementarios para los países emergentes y abre posibilidades de su dirección a representantes de otros países y no solamente a los de Estados Unidos y Europa. La Comisión de Naciones Unidas va más lejos. Ella se ocupa con más firmeza de los paraísos fiscales y del secreto bancario. Prevé normas más estrictas de funcionamiento (exigencias de más fondos y normas armonizadas de contabilidad) para las otras instituciones financieras y para las agencias de notificación. Propone terminar con el monopolio del FMI sobre los derechos especiales de giro (SDR) y de regionalizar el sistema a través, por ejemplo, del Banco del Sur en América Latina o la iniciativa de Chieng Mai en Asia. Sugiere, además, reformas más profundas de las organizaciones de Bretton Woods (Banco Mundial y FMI).

Finalmente recomienda la construcción de un Consejo Mundial de Coordinación Económica, paralelo al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General, reuniendo anualmente a los jefes de gobierno, con el fin de evaluar la situación económica, social y ecológica del mundo. En lo que concierne a la ejecución de medidas, estima necesario la puesta en funcionamiento de dos “autoridades mundiales”: una de regulación financiera y la otra sobre la competición.

Ciertas naciones del G-20 hacen presión para que los jefes de Estado no estén presentes en la conferencia de junio y se hagan representar por un ministro o un embajador. Como se ve, lo que está en juego es muy importante. La crisis, pues, no es solamente financiera, sino también alimentaria, energética (habrá que cambiar de ciclo dentro de los próximos 50 años y aquello demandará compromisos financieros considerables), climática (mucho más seria de lo que piensa) y finalmente social y humanitaria (mil millones de personas viven por debajo de la línea de pobreza).

Regular el sistema financiero y monetario mundial es, desde luego, solamente un paso en un proceso más fundamental. Volver a poner en funcionamiento el sistema económico está bien, pero, ¿con qué objetivo ? Si es para volver a comenzar como antes, con la misma lógica depredadora de los recursos naturales y creadora de inmensas desigualdades sociales, entonces se tendrá que volver a empezar todo de nuevo en menos de 20 años. Se debe pensar en cambiar tanto en los parámetros de las relaciones con la naturaleza, como la definición de la economía, la organización política mundial y la concepción misma de desarrollo y del crecimiento económico.

Aquello vale una reunión de jefes de Estado. ¡He aquí por qué la presión de la opinión pública, de los movimientos sociales, de los partidos políticos, de los intelectuales, es fundamental para que dentro de cada país, la participación a la conferencia de junio (el G-192) sea del más alto nivel.

François Houtart - El Clarín de Chile

La izquierda institucional y la crisis

Mientras la crisis del capitalismo se profundiza y los futuribles auguran el mantenimiento de las tendencias negativas, la izquierda institucional hace mutis por el foro. O mejor dicho, sigue las pautas del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y se pliega a sus designios. Nada nuevo bajo el sol. Su posición es coadyuvar a los grandes grupos empresariales a salir fortalecido tras la que consideramos una crisis estructural y orgánica. Parece ser que no hay manera de romper las ataduras de un orden opresor fundado en la explotación del hombre por el hombre.

Entre más doy vueltas a los porqué de tal situación más concluyo en ver las afinidades entre los dirigentes liberales y las expectativas defendidas por la elite dirigente de la izquierda institucional o socialdemócrata, como quiera adjetivársela. Y no me caigo del guindo ahora. Tampoco se trata de haber sido ingenuo y pedirle peras al olmo. Sabía lo que representaban, sólo que no deja de impresionarme su camaleónica capacidad de mutar a la derecha. Sus planteamientos son similares, sólo le separan matices. Quienes se autocalifican como izquierda progresista, responsable y de orden, sientan las bases diferenciales con la derecha en el campo de los sentimientos, las emociones o como hoy sucede con la nueva cocina en las sensaciones y los aromas reconstruidos bajo fórmulas químicas que alteran el valor mismo del acto culinario de la buena mesa. La actual izquierda institucional tiene una cierta sensibilidad hacia los problemas derivados de la desigualdad social, le acongoja ver tanto pobre en la calle. Así, los estudian con un detalle exquisito. Son verdaderos restauradores de la pobreza. Pobres con camisa, sin zapatos, urbanos, rurales, etcétera. La emplatan con mimo y la presentan a la población con una rama de perejil para hacerla atractiva y digerir su existencia. Un producto de consumo. Sus tanques de pensamiento redactan informes sobre su déficit alimentario, sus carencias en materias de salud y educación. Ahora transforman sus debilidades en fortaleza, hay que tender a la cohesión social. Fórmula para evitar que de su existencia nazca el conflicto social. Inventan un lenguaje hacia el pobre, asemejándose a las ONG del desarrollo. Buscan simpatizantes y fondos para sus causas. Pero el discurso es el mismo. Sea consumidor, pague su opípara cena en el restaurante de lujo, con su tarjeta de crédito. Si lo hace, 0.1 por ciento del monto irá destinado a plantar árboles o salvar un niño en África o Asia. Por ahora América Latina pierde puntos en la cotización.

Esta política de sensaciones, propuesta por la izquierda institucional, se vende bien, y se adquiere sin dificultad por sus antiguos enemigos. Es fácil de entender. Donde gobierna la izquierda institucional, Chile, Brasil o Uruguay en América Latina, o España y Gran Bretaña en Europa, hace la vista gorda a la evasión de capitales, exime los pagos a la seguridad social de empresarios y, en definitiva, cede a sus expectativas. Profundiza en la reforma del mercado laboral, baja aún más los salarios y garantiza una mayor flexibilidad en las contrataciones temporales y sobretodo va eliminando todo resquicio a los derechos sindicales. Sus presidentes de gobierno y sus partidos políticos se han transformado en impulsores de la explotación en el marco de la economía de mercado. Son condescendientes con las clases dominantes. Por simple curiosidad sepan que en España los trabajadores declaran en Hacienda 20 por ciento más de ingresos que los empresarios.

Marcos Roitman Rosenmann - Consejo Científico de ATTAC España

Artículo publicado en La Jornada

martes, 12 de mayo de 2009

El Parlamento Europeo contra los abusos urbanísticos en España: la resolución Auken

El pasado 26 de marzo el Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre el impacto de la urbanización extensiva en España en los derechos individuales de los ciudadanos, el medio ambiente y la aplicación del derecho comunitario, que algunos llaman “resolución Auken” por basarse en el informe preparado por dicha eurodiputada.

La resolución, emitida a raíz de las múltiples peticiones efectuadas durante la legislatura por ciudadanos y entidades no gubernamentales, incluye las siguientes consideraciones:

1. Los procesos urbanizadores que se han llevado a cabo en muchos casos configuran un modelo de desarrollo insostenible con graves consecuencias medioambientales, sociales y económicas. Por ello expresa su inquietud acerca del desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente y el suministro y la calidad de las aguas.

En particular observa que las islas y las zonas costeras mediterráneas de España han sufrido una destrucción masiva en la última década, y que el cemento y el hormigón no sólo ha saturado esas regiones y afectado al frágil medio ambiente costero, sino también a la actividad social y cultural de muchas zonas que han sufrido una pérdida trágica e irreparable de su identidad y legado culturales (destrucción de yacimientos arqueológicos, edificios y lugares de interés cultural, etc), así como de su entorno natural y paisajístico.

Señala asimismo que este modelo de crecimiento, de expansión urbana excesiva, tiene también consecuencias negativas para el turismo de calidad ya que destruye los valores del territorio.

2. Esta situación se ha visto favorecida por una legislación inadecuada y en ocasiones injustificada que en muchos casos es contraria a los objetivos europeos de protección del medio ambiente y adecuada ordenación del territorio; por una aplicación laxa de la legislación urbanística y medioambiental; la falta de control de los procedimientos urbanizadores por parte de las autoridades locales; y la corrupción, particularmente presente en la urbanización de muchas zonas costeras.

La resolución apunta a la avaricia y la conducta especulativa de algunas autoridades y miembros del sector de la construcción que han conseguido sacar beneficios masivos de estas actividades. Llama la atención sobre el hecho de que la mayoría de los planes urbanísticos denunciados por las peticiones conllevan la reclasificación de suelo rural a suelo urbanizable, para el provecho económico considerable del agente urbanizador y el promotor; y que hay muchos casos de terrenos protegidos, o terrenos que deberían protegerse en vista de su vulnerable biodiversidad, que se desclasifican y reclasifican, o no se clasifican en absoluto, precisamente para permitir la urbanización de la zona en cuestión.

Asimismo alude a la incidencia negativa de una falta de trasposición correcta por parte del Estado español de las Directivas europeas sobre blanqueo de dinero, que ha limitado la capacidad de control sobre la circulación ilegal de capital financiero, incluidas inversiones en determinados proyectos urbanísticos de gran envergadura.

3. A estos factores se suma un cierto laxismo judicial. Sólo recientemente las autoridades judiciales han empezado a reaccionar ante el reto que supone la urbanización excesiva de muchas costeras, en particular mediante la investigación y la imputación de cargos con responsabilidades urbanísticas, pero pese a ello los procedimientos son de una duración desmedida, y las sentencias que se dictan a menudo son inefectivas en orden a una reparación, lo cual provoca en la ciudadanía una impresión de falta de actuación de la justicia española. La resolución considera alarmante la falta confianza generalizada que los peticionarios parecen mostrar frente al sistema judicial español como un medio eficaz para obtener reparación y justicia.

Ante esta situación, el Parlamento europeo reclama diversas actuaciones al Estado español y a las Comunidades Autónomas. Entre ellas destacamos las siguientes:

  • La suspensión y revisión de todos los planes urbanísticos nuevos que no respeten los criterios rigurosos de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social, así como la paralización de todos los desarrollos urbanísticos que no respeten los criterios comunitarios sobre adjudicación de contratos urbanísticos, agua y medio ambiente.
  • El desarrollo de una cultura de la transparencia dirigida a informar a los ciudadanos sobre la gestión del suelo y a impulsar mecanismos de información y participación ciudadana efectivos.
  • La promoción de un debate público que concluya en la adopción de medidas legislativas contra la especulación y el desarrollo insostenible. En particular se pide la derogación de todas las figuras legales que favorecen la especulación y una adecuada definición del “interés general”, que ha menudo se ha utilizado para justificar la aprobación de proyectos insostenibles desde el punto de vista medioambiental.
  • El respeto a las Directivas comunitarias que exigen la consulta al público implicado en la fase de establecimiento y elaboración de los planes o de cualquier modificación sustancial de los mismos.
  • En general, la promoción de un urbanismo que suponga un desarrollo justo, transparente y sostenible, en interés de las comunidades locales y no en el exclusivo interés de promotores, inmobiliarias y otros intereses creados.

Finalmente el Parlamento acuerda transmitir su resolución al Consejo y a la Comisión, al Gobierno y al Parlamento del Reino de España, a los Parlamentos de las Comunidades Autónomas, a los Defensores del Pueblo nacionales y regionales de España y a los peticionarios, y alude a diversos medios de presión que se podrían adoptar en caso de no dar el Estado español una respuesta suficiente.

La resolución fue aprobada por una amplia mayoría de 349 votos a favor, 110 en contra y 114 abstenciones, con la oposición de socialistas y populares españoles.

El próximo día 7 de junio se celebran elecciones al Parlamento Europeo. Las encuestas vaticinan una participación reducida, de alrededor del 30%. La resolución Auken es una muestra de lo que el Parlamento puede hacer por nosotros como ciudadanos. Sería bueno que todos fuéramos conscientes de la trascendencia que tienen en nuestra vida muchas de las decisiones de la Unión, y que el día 7 no nos quedáramos en casa.

María del Pilar Barceló - ATTAC Mallorca

Informe y resolución Parlamento Europeo en:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2009-0082+0+DOC+XML+V0//ES




sábado, 9 de mayo de 2009

Disculpen la molestia

Quiero compartir algunas preguntas, moscas que me zumban en la cabeza.

¿Es justa la justicia? ¿Está parada sobre sus pies la justicia del mundo al revés?

El zapatista de Irak, el que arrojó los zapatazos contra Bush, fue condenado a tres años de cárcel. ¿No merecía, más bien, una condecoración?

¿Quién es el terrorista? ¿El zapatista o el zapateado? ¿No es culpable de terrorismo el serial killer que mintiendo inventó la guerra de Irak, asesinó a un gentío y legalizó la tortura y mandó aplicarla?

¿Son culpables los pobladores de Atenco, en México, o los indígenas mapuches de Chile, o los kekchíes de Guatemala, o los campesinos sin tierra de Brasil, acusados todos de terrorismo por defender su derecho a la tierra? Si sagrada es la tierra, aunque la ley no lo diga, ¿no son sagrados, también, quienes la defienden?

Según la revista Foreign Policy, Somalia es el lugar más peligroso de todos. Pero, ¿quiénes son los piratas? ¿Los muertos de hambre que asaltan barcos o los especuladores de Wall Street, que llevan años asaltando el mundo y ahora reciben multimillonarias recompensas por sus afanes?

¿Por qué el mundo premia a quienes lo desvalijan?

¿Por qué la justicia es ciega de un solo ojo? Wal Mart, la empresa más poderosa de todas, prohíbe los sindicatos. McDonald’s, también. ¿Por qué estas empresas violan, con delincuente impunidad, la ley internacional? ¿Será porque en el mundo de nuestro tiempo el trabajo vale menos que la basura y menos todavía valen los derechos de los trabajadores?

¿Quiénes son los justos y quiénes los injustos? Si la justicia internacional de veras existe, ¿por qué nunca juzga a los poderosos? No van presos los autores de las más feroces carnicerías. ¿Será porque son ellos quienes tienen las llaves de las cárceles?

¿Por qué son intocables las cinco potencias que tienen derecho de veto en las Naciones Unidas? ¿Ese derecho tiene origen divino? ¿Velan por la paz los que hacen el negocio de la guerra? ¿Es justo que la paz mundial esté a cargo de las cinco potencias que son las principales productoras de armas? Sin despreciar a los narcotraficantes, ¿no es éste también un caso de “crimen organizado”?

Pero no demandan castigo contra los amos del mundo los clamores de quienes exigen, en todas partes, la pena de muerte. Faltaba más. Los clamores claman contra los asesinos que usan navajas, no contra los que usan misiles.

Y uno se pregunta: ya que esos justicieros están tan locos de ganas de matar, ¿por qué no exigen la pena de muerte contra la injusticia social? ¿Es justo un mundo que cada minuto destina tres millones de dólares a los gastos militares, mientras cada minuto mueren quince niños por hambre o enfermedad curable? ¿Contra quién se arma, hasta los dientes, la llamada comunidad internacional? ¿Contra la pobreza o contra los pobres?

¿Por qué los fervorosos de la pena capital no exigen la pena de muerte contra los valores de la sociedad de consumo, que cotidianamente atentan contra la seguridad pública? ¿O acaso no invita al crimen el bombardeo de la publicidad que aturde a millones y millones de jóvenes desempleados, o mal pagados, repitiéndoles noche y día que ser es tener, tener un automóvil, tener zapatos de marca, tener, tener, y quien no tiene, no es?

¿Y por qué no se implanta la pena de muerte contra la muerte? El mundo está organizado al servicio de la muerte. ¿O no fabrica muerte la industria militar, que devora la mayor parte de nuestros recursos y buena parte de nuestras energías? Los amos del mundo sólo condenan la violencia cuando la ejercen otros. Y este monopolio de la violencia se traduce en un hecho inexplicable para los extraterrestres, y también insoportable para los terrestres que todavía queremos, contra toda evidencia, sobrevivir: los humanos somos los únicos animales especializados en el exterminio mutuo, y hemos desarrollado una tecnología de la destrucción que está aniquilando, de paso, al planeta y a todos sus habitantes.

Esa tecnología se alimenta del miedo. Es el miedo quien fabrica los enemigos que justifican el derroche militar y policial. Y en tren de implantar la pena de muerte, ¿qué tal si condenamos a muerte al miedo? ¿No sería sano acabar con esta dictadura universal de los asustadores profesionales? Los sembradores de pánicos nos condenan a la soledad, nos prohíben la solidaridad: sálvese quien pueda, aplastaos los unos a los otros, el prójimo es siempre un peligro que acecha, ojo, mucho cuidado, éste te robará, aquél te violará, ese cochecito de bebé esconde una bomba musulmana y si esa mujer te mira, esa vecina de aspecto inocente, es seguro que te contagia la peste porcina.

En el mundo al revés, dan miedo hasta los más elementales actos de justicia y sentido común. Cuando el presidente Evo Morales inició la refundación de Bolivia, para que este país de mayoría indígena dejara de tener vergüenza de mirarse al espejo, provocó pánico. Este desafío era catastrófico desde el punto de vista del orden racista tradicional, que decía ser el único orden posible: Evo era, traía el caos y la violencia, y por su culpa la unidad nacional iba a estallar, rota en pedazos. Y cuando el presidente ecuatoriano Correa anunció que se negaba a pagar las deudas no legítimas, la noticia produjo terror en el mundo financiero y el Ecuador fue amenazado con terribles castigos, por estar dando tan mal ejemplo. Si las dictaduras militares y los políticos ladrones han sido siempre mimados por la banca internacional, ¿no nos hemos acostumbrado ya a aceptar como fatalidad del destino que el pueblo pague el garrote que lo golpea y la codicia que lo saquea?

Pero, ¿será que han sido divorciados para siempre jamás el sentido común y la justicia?

¿No nacieron para caminar juntos, bien pegaditos, el sentido común y la justicia?

¿No es de sentido común, y también de justicia, ese lema de las feministas que dicen que si nosotros, los machos, quedáramos embarazados, el aborto sería libre? ¿Por qué no se legaliza el derecho al aborto? ¿Será porque entonces dejaría de ser el privilegio de las mujeres que pueden pagarlo y de los médicos que pueden cobrarlo?

Lo mismo ocurre con otro escandaloso caso de negación de la justicia y el sentido común: ¿por qué no se legaliza la droga? ¿Acaso no es, como el aborto, un tema de salud pública? Y el país que más drogadictos contiene, ¿qué autoridad moral tiene para condenar a quienes abastecen su demanda? ¿Y por qué los grandes medios de comunicación, tan consagrados a la guerra contra el flagelo de la droga, jamás dicen que proviene de Afganistán casi toda la heroína que se consume en el mundo? ¿Quién manda en Afganistán? ¿No es ese un país militarmente ocupado por el mesiánico país que se atribuye la misión de salvarnos a todos?

¿Por qué no se legalizan las drogas de una buena vez? ¿No será porque brindan el mejor pretexto para las invasiones militares, además de brindar las más jugosas ganancias a los grandes bancos que en las noches trabajan como lavanderías?

Ahora el mundo está triste porque se venden menos autos. Una de las consecuencias de la crisis mundial es la caída de la próspera industria del automóvil. Si tuviéramos algún resto de sentido común, y alguito de sentido de la justicia ¿no tendríamos que celebrar esa buena noticia? ¿O acaso la disminución de los automóviles no es una buena noticia, desde el punto de vista de la naturaleza, que estará un poquito menos envenenada, y de los peatones, que morirán un poquito menos?

Según Lewis Carroll, la Reina explicó a Alicia cómo funciona la justicia en el país de las maravillas:

–Ahí lo tienes –dijo la Reina–. Está encerrado en la cárcel, cumpliendo su condena; pero el juicio no empezará hasta el próximo miércoles. Y por supuesto, el crimen será cometido al final.

En El Salvador, el arzobispo Oscar Arnulfo Romero comprobó que la justicia, como la serpiente, sólo muerde a los descalzos. El murió a balazos, por denunciar que en su país los descalzos nacían de antemano condenados, por delito de nacimiento.

El resultado de las recientes elecciones en El Salvador, ¿no es de alguna manera un homenaje? ¿Un homenaje al arzobispo Romero y a los miles que como él murieron luchando por una justicia justa en el reino de la injusticia?

A veces terminan mal las historias de la Historia; pero ella, la Historia, no termina. Cuando dice adiós, dice hasta luego.

Eduardo Galeano

http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-124547-2009-05-08.html


jueves, 7 de mayo de 2009

Nanoeuristas

Nanoeurista: n. Dícese de la persona cuya fuente de ingresos es menos de la mitad del mileurista. Los miembros de la Real Academia de la Lengua tendrán que reflexionar sobre la idoneidad de este neologismo inventado por el asturiano Víctor Sariego.

En la novela La Colmena, del Nobel español Camilo José Cela, aparece un personaje que declara ser “inventor de palabras”. Y como “La hambre agudiza el ingenio”, según se dice en La Celestina (1) se ha avivado el magín de los inventores de palabras descriptivas de la tremenda precariedad laboral del mercado de trabajo español.

Mileuristas, es un neologismo inventado por Carolina Alguacil, de 27 años, que en carta dirigida en otoño de 2005 a un diario de gran tirada, daba la siguiente definición: “El mileurista es aquel joven licenciado, con idiomas, posgrados, másters y cursillos [...] que no gana más de 1.000 euros. Gasta más de un tercio de su sueldo en alquiler, porque le gusta la ciudad. No ahorra, no tiene casa, no tiene coche, no tiene hijos, vive al día… A veces es divertido, pero ya cansa”.

Estos treintañeros con formación universitaria y conocimiento de idiomas, que comienzan a madurar, son miembros de la generación más preparada de nuestra historia. Sin embargo, las políticas neoliberales de precarización del empleo que vienen haciendo mella en la sociedad desde hace precisamente alrededor de treinta años ha pulverizado sus expectativas. Los mileuristas han de conformarse con sueldos relativamente bajos para los niveles de consumo a los que aspiran. En muchos casos, mantener ese nivel de consumo les impide abandonar el hogar paterno. La escritora Espido Freire ha reflejado esta situación en su libro Mileuristas. Retrato de la generación de los mil euros.

La patronal pide abaratar el despido, como si con la elevadísima tasa de temporalidad que hay el mercado laboral español, no fuera suficiente para que el coste del despido sea igual a cero. En pocos países europeos hay tantos licenciados con sueldos mileuristas. En España, tener título universitario no es un gran negocio. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el 22,7% de los trabajadores indefinidos y el 40,27% de los eventuales de entre 16 y 30 años desarrolla un trabajo que requiere menos preparación de la que tiene. Según Comisiones Obreras, 1,3 millones de licenciados tienen un trabajo que no es acorde a su formación.

Ese panorama no es halagüeño para un país en que el desempleo es una constante estructural, sólo atenuada durante los años de la burbuja inmobiliaria por la mano de obra de baja cualificación que ha trabajado en el ladrillo con elevados índices de accidentalidad laboral.

Y en ningún otro país -al menos de la OCDE- el poder adquisitivo de los trabajadores ha bajado tanto en plena década de bonanza. Porque, y sin que ello sirva de consuelo de tontos, hay muchos trabajadores que se darían con un canto en los dientes si pudieran ver a final de mes un sueldo de mil euros. Porque son frecuentes los contratos cuya precariedad es tal que ni siquiera dan para ganar los 624 euros mensuales del Salario Mínimo Profesional fijado para 2009. No es que se incumpla la ley, simplemente son contratos a tiempo parcialísimo, que pueden ser de días, incluso de horas.

Ahora, un asturiano, Víctor Sariego, ha inventado un término adecuado a esta subcategoría salarial: nanoeurista. Que es la persona cuya fuente de ingresos es menos de la mitad del mileurista.

Según Sariego, que a falta de registro de patentes de palabras ha documentado su invento en un artículo publicado en el periódico La nueva España, los nanoeuristas son personas mayores de 52 años que por razones de falta de trabajo se encuentran en el paro y el estado del “bienestar” de nuestro país les ayuda con 255 euros mensuales íntegros. Existen pequeñas excepciones, algunos se acercan a los 450. Sobran las explicaciones para demostrar lo “maravillosamente bien” que pueden vivir los nanoeuristas con dicha gratificación estatal.

Dentro del grupo de nanoeuristas, señala Sariego, “existen diversidad de profesionales incluso con muchos años de vida laboral. Un ejemplo real de nanoeurista es un técnico de grado medio, con 37 años de vida laboral, con demostrada experiencia y buena reputación personal y profesional. Por razones ajenas a su voluntad, debido a que el mundo laboral no está en sus mejores momentos, a tenor de su edad (por mucho que se diga que la veteranía es un ¿grado?), y muchas otras fabulosas circunstancias, continúa en el paro. [...] Los nanoeuristas no estamos ni en crisis. No existe definición alguna para esta circunstancia. Somos «nanos» por y para siempre por definición administrativa gubernamental. Además, ya estamos muy usados. [...] Si el poder adquisitivo de los mileuristas de los que tanto se ha empezado a hablar esta bajo cero, el de los nanoeuristas, ni existe. Sus señorías no tienen problemas de poder adquisitivo, tienen varios sueldos o ingresos reconocidos y permitidos”.

Notas:
1 “La necessidad e pobreza, la hambre. Que no ay mejor maestra en el mundo, no ay mejor despertadora e aviuadora de ingenios”, se puede leer en La Celestina, que reproduce así un tópico frecuente en la literatura clásica española: la mención del viejo adagio necessitas magistra est.

José Antonio Pérez - ATTAC Madrid

http://carnetdeparo.blogspot.com/

lunes, 4 de mayo de 2009

Crímenes impunes

Mientras primen los intereses, tendremos que aguardar la puesta en marcha de mecanismos internacionales eficaces para castigar crímenes de guerra, de lesa humanidad y de genocidio.

Los euroburócratas, quienes mangonean la enorme estructura que dirigen y controlan veintisiete países de Europa desde Bruselas, pretenden que los beneficios de la economía criminal organizada se incluyan en la contabilidad de la Unión Europea (UE). De no hacerse - dicen - se distorsionan indicadores económicos como el producto interior bruto o la tasa de paro. Pero nadie propone cómo, a partir del conocimiento de esos datos criminales, se pueden redoblar esfuerzos para localizar, procesar, juzgar y condenar a los responsables del crimen organizado.

Según la aguda declaración de un estadístico de la OCDE, “calcular el dinero que gana el crimen organizado es imprescindible (sic) para cuadrar las cuentas nacionales”. Pero ese genio y otros del mismo pelaje no concretan razones ni beneficios de tal cálculo. ¿Acaso para que los ministerios de Hacienda intenten cobrar impuestos a los grandes gángsters de Europa?

La economía del crimen organizado es poderosa. Lo que algunos sociólogos denominan ‘producto criminal bruto’ andaría entre los 800.000 millones y el billón de dólares anuales en el mundo. El narcotráfico se llevaría la palma con 400.000 millones de dólares, luego prostitución, tráfico de armas, de especies animales protegidas, tráfico y explotación de mujeres, de trabadores, falsificación de marcas, pirateo de audiovisuales, falsificación de monedas, blanqueo de dinero, contrabando, extorsión, asesinatos por encargo… Todo un mundo de delitos, crímenes y violaciones de todos los derechos habidos y por haber.

Conocer el volumen económico del crimen organizado es objetivo de Naciones Unidas desde hace tiempo. Lógico y sensato porque, si no se conocen los problemas, si no se conoce al enemigo, mal puede uno enfrentarse a éste, mal pueden abordarse aquéllos. Pero de conocer los ilícitos e ilegítimos beneficios de los criminales a integrarlos en la contabilidad legal europea… Este analista tuvo el acierto de calificar el capitalismo como un sistema gangsteril.

Y por ahí continúa porque, ya en 1996, dos mil magistrados y jueces europeos acordaron y firmaron la Declaración de Ginebra donde denunciaban con valentía y lucidez que, junto a la construcción de Europa, parasitaba otra menos honrosa, la de los paraísos fiscales en tierra europea (islas del Canal de la Mancha, Gibraltar, Mónaco, Liechtenstein, Andorra, Luxemburgo…), que han permitido todo tipo de malolientes enjuagues y blanqueos financieros, hasta tal punto que el informe de los jueces afirma que las finanzas modernas y el crimen organizado se sustentan mutuamente: estaban y están muy de acuerdo en que no tiene que haber reglas ni supervisión ni control de capitales.

Bien, ahora le hemos visto los cuernos al diablo, por definir esta múltiple crisis que nos ahoga. Y nos hemos rasgado las vestiduras y cubierto la cabeza de cenizas, jurando y perjurando que a partir de ahora todo será diferente y habrá normas, supervisión, control de capitales, y que los paraísos fiscales se anden con ojito… Suponiendo que vaya en serio, ¿dónde encuadrar entonces esa majadería contable euroburocrática?

Un pretendido experto en economía ha declarado también que los criminales activan la economía porque invierten y gastan su dinero en hoteles, mansiones, yates, joyas, lujo… y así benefician a muchas zonas. La ONU, sin embargo, ha documentado desde hace tiempo que la economía criminal es un cáncer en metástasis que contribuye a las crisis financieras y económicas, arruina a los países empobrecidos y aumenta la pobreza, entre otras cosas porque el grueso de ese dinero sucio y opaco va a la economía especulativa, la que crea crisis. Además, como reconocía la conferencia para la prevención del crimen de Naciones Unidas de El Cairo en 1995, “la penetración del crimen organizado en la economía se facilitó por los ajustes estructurales que los países endeudados se han visto obligados a aceptar para conseguir préstamos internacionales”. ¿Es preciso decir algo más o ya es diáfano?

Así las cosas, es evidente que necesitamos una revolución. No en el sentido tradicional e histórico con armas y sangre. Una revolución de principios, de valores. Una revolución ética.

Carlos Taibo - Revista Fusión

sábado, 2 de mayo de 2009

Los Acuerdos de la Iglesia católica

Los Acuerdos de 1979 entre el Estado español y la Santa Sede se firmaron sólo unos días después de la promulgación de la Constitución, por lo que, desde el punto de vista de su contenido, son preconstitucionales y sólo son formalmente postconstitucionales. Estos Acuerdos sustituyeron al inaceptable Concordato firmado entre Franco y Pío XII en 1953, que sirvió para que el Vaticano reconociera la autoridad política del dictador, y a cambio la religión católica se convirtiera en la única de la nación española y su Iglesia obtuviera numerosas prerrogativas en los terrenos matrimonial, económico y educativo.

Los redactores de los Acuerdos del 79 eran conscientes de que una democracia asentada no accedería a firmar unos pactos que privilegiasen a la Iglesia católica después del precedente del 53, por lo que optaron por negociar en secreto unos pactos beneficiosos para la Iglesia con numerosas zonas oscuras, con el objeto de que, en el futuro, un Gobierno afín o excesivamente preocupado por el peso y la influencia social de la Iglesia accediese a interpretarlos en clave de confesionalidad. De esta manera, se traicionó el espíritu de consenso que guió la transición española y se clavó una espina en el corazón de la recién estrenada democracia.

La libertad religiosa de los católicos, al igual que la de los demás creyentes, está plenamente garantizada en nuestro ordenamiento jurídico por la Constitución, pero la Iglesia católica disfruta de un régimen diferente al de las demás iglesias gracias a los Acuerdos. Los Acuerdos tienen una cláusula, según la cual las partes procederán de mutuo acuerdo para resolver las dudas sobre su interpretación, de forma que es suficiente con que una de las partes no ceda en las negociaciones (la Iglesia) para que la otra (el Estado)
tenga que optar entre resignarse o incumplir el Acuerdo.

El proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980 anunciado por el Gobierno parece la ocasión propicia para someter a todas las confesiones religiosas al mismo régimen. Lo contrario supondría traicionar al espíritu constitucional, que ordena que los españoles no seamos discriminados, entre otros motivos, por razón de religión y, en consecuencia, impide la existencia de creyentes e iglesias de primera y de segunda clase. Pese a esto, la Iglesia católica ha anunciado que este tema no le preocupa, porque la libertad religiosa de los católicos está regulada a través de los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979 y estos no se van a tocar. A diferencia de otros países, donde las antiguas iglesias oficiales han sabido adaptarse a las reglas del juego democrático, en nuestro caso la Iglesia católica se parapeta en unos Acuerdos vergonzantes para exigir a los poderes públicos una posición de privilegio.
En este proceso, la Iglesia católica debería adoptar una posición de extrema prudencia y de sometimiento voluntario a los principios constitucionales. En otro caso, la obligación del Gobierno debe ser la de dejar de jugar con las estadísticas electorales y denunciar los Acuerdos, porque nada asusta tanto al pueblo como la cobardía de sus líderes.

Óscar Celador Angón es Profesor de Derecho Eclesiástico del Estado

Fuente: Público


Control social total

“Siempre esos ojos que miraban, vigilantes, en el trabajo o comiendo, en casa o en la calle, en el baño o en la habitación, en vigilia o en el sueño: no había privacidad posible”. George Orwell, 1984.

Ya nadie duda de que estamos todos vigilados, observados y fichados. En el paseo, en el mercado, en el autobús, en el banco, en el metro, en el estadio, en el aparcamiento, en las carreteras… alguien nos está mirando por el ojo de las nuevas cerraduras digitales. Múltiples mallas de vigilancia nos acosan por todo el planeta, la mirada penetrante de los satélites nos persigue desde el espacio, las pupilas silenciosas de las cámaras nos controlan por las calles, el sistema Echelon (1) inspecciona nuestras comunicaciones, y los chips RFID (2) revelan nuestro perfil de consumidor. Cada uso del ordenador, de Internet (Google, YouTube, MySpace…) o de la tarjeta de crédito deja huellas imborrables que delatan nuestra identidad, nuestra personalidad, nuestras inclinaciones. Se ha cumplido el viejo recelo de George Orwell que nos pareció, durante tanto tiempo, utópico o excesivamente paranoico (3).

Se ha roto el necesario equilibrio entre libertad y seguridad. Con la intención de proteger al conjunto de la sociedad, las autoridades, en nuestras modernas democracias, tienden hoy a ver en cada ciudadano a un virtual maleante. La guerra sin cuartel contra el terrorismo -preocupación dominante en el último decenio- ha procurado una impecable coartada moral y favorecido la acumulación de un impresionante arsenal legal (4) que está permitiendo llevar a cabo el proyecto de control social integral. Los “progresos” tecnológicos (informático y digital) también han ayudado y las autoridades tienen cada vez mejores herramientas para la vigilancia electrónica.

“Habrá menos privacidad, menos intimidad, pero mayor seguridad”, nos dicen. Y en nombre de ese nuevo imperativo categórico, se ha instalado de modo progresivo e indoloro, un régimen de dominación que podemos calificar de “sociedad de control”. Con la particularidad de que -a diferencia de las precedentes “sociedades disciplinarias” que confinaban a los rebeldes o descarriados en lugares cerrados (cárcel, reformatorio, manicomio)-, la sociedad de control encierra a los sospechosos (o sea, a casi todos los ciudadanos) al aire libre y los mantiene bajo acecho constante. A veces, mediante los aparatos-chivatos que libremente ellos mismos han adquirido: ordenadores, teléfonos móviles y otros dispositivos informáticos (tarjeta de crédito, agenda electrónica tipo Palm, billetes de transporte, GPS, etc.). Y otras veces, gracias al uso de sistemas discretos y emboscados que atisban los movimientos de cada persona, como los radares de carreteras o las cámaras de videovigilancia (5).

Éstas se han multiplicado hasta tal punto que, en el Reino Unido, por ejemplo, donde se han instalado más de cuatro millones de ellas (una por cada quince habitantes), una persona puede ser filmada hasta 300 veces al día… Las nuevas cámaras Gigapan, de ultra alta resolución (más de mil millones de píxeles) permiten, en una sola imagen y por un vertiginoso efecto de zoom, el fichaje biométrico del rostro de cada uno de los miles de espectadores presentes en un estadio, en una manifestación o en un mitin político (6).

Aunque los estudios serios demuestran la poca eficacia de la videovigilancia, la confianza en esta tecnología sigue en aumento. Aprovechando la paranoia antiterrorista que ellos mismos han creado, algunos gobiernos han constituido batallones de confidentes voluntarios civiles que informan de lo que oyen y ven a las autoridades. El Departamento de Justicia de Estados Unidos lanzó en 2002, bajo la presidencia de George W. Bush, la Operation Tips (Operación Soplos) para convertir en confidentes a más de un millón de trabajadores cuya particularidad era la de entrar en los hogares de la gente (fontaneros, antenistas, albañiles, electricistas, jardineros), que debían llamar a un número de teléfono de la policía si notaban algo sospechoso.

Pasar de una sociedad informada a una de informantes es el proyecto que acaba de lanzar la Asociación de Sherifs de frontera de Texas (Texas Border Sheriff ‘s Coalition) que ha colocado quince cámaras de videovigilancia a lo largo de la frontera con México en puntos aislados y estratégicos. Las cámaras están conectadas a Internet (www.blueservo.net) y cada ciudadano, a través del mundo, instalado en su casa frente a su ordenador, puede espiar las áreas desérticas texanas o las riberas del Río Grande. Si ve pasar a algún emigrante clandestino puede denunciarlo con un simple correo electrónico. Cerca de treinta millones de individuos, de diversos países, ya han aceptado la función de confidente voluntario de la policía de Texas para luchar contra la inmigración clandestina. Es fácil de imaginar que, con la agravación de la crisis económica actual y el brutal aumento de la xenofobia, si se instalase en Europa, a lo largo de las costas del Mediterráneo, un sistema semejante de cámaras de vigilancia, el número de espías civiles voluntarios sería sin duda importante.

Es una de las perversiones de la actual sociedad de control: desea convertir a los ciudadanos, a la vez, en vigilados y en vigilantes. Cada uno debe espiar a los demás, al tiempo que es él mismo espiado. O sea, en un marco democrático en el que cada individuo está convencido de vivir en la mayor libertad, la realización del objetivo represivo máximo de las sociedades totalitarias.

Notas:
(1) Sistema de espionaje planetario de las llamadas telefónicas y del correo electrónico, dependiente de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense (NSA, por sus siglas en inglés).
(2) Identificación por radiofrecuencia.
(3) Orwell lo concibió, en 1948, para denunciar a la sociedad estalinista, en contraste con el Occidente “de democracia y libertad”.
(4) La Ley de Videovigilancia aprobada en 1997 permitió, en España, la instalación en lugares públicos de cámaras de vigilancia “para velar por la seguridad ciudadana”. Uno de los aspectos más criticados de esta Ley es que la mayoría de los ciudadanos ignora que están siendo filmados, algo que vulnera la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) de 1999.
(5) Léase Armand Mattelart, Un Mundo vigilado , Paidós, Barcelona, 2009.
(6) Véase, por ejemplo, la imagen de la toma de posesión del Presidente Barack H. Obama. Léase también, Carlos Martínez, “Todos fichados”, Rebelión , 30 de marzo de 2009.

Ignacio Ramonet.
Fuente: Le Monde Diplomatique