martes, 14 de febrero de 2012

Hipotecados en pie de guerra contra la banca

En 2011 comenzó un proceso de empoderamiento de las personas afectadas por las hipotecas, que siguen en 2012 defendiendo el derecho a la vivienda.

El 15 de junio de 2011 marcó un antes y un después en la vida de Tatiana Roeva. Ese día, convocadas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y las asambleas del 15M, unas 500 personas bloquearon el desahucio de su vivienda en el barrio de Tetuán. La acción servía como presentación pública de la rama madrileña de la plataforma e inicio en la región de la campaña Stop Desahucios.

“Ver cómo se despertó la gente fue increíble. E increíble es ver cómo se ha recuperado la solidaridad entre las personas y cómo la gente tiene ganas de luchar por sus derechos”, sostiene esta mujer inagotable de 44 años, de ojos gigantes e inquietos. Búlgara de origen y psicóloga de formación, desde esa jornada Tatiana no se pierde una acción contra los desahucios y en la PAH siempre es la primera en ofrecerse a recibir a un nuevo damnificado, reunirse con los responsables de un Ayuntamiento o negociar con la policía en el marco de una acción de desobediencia. Tampoco es raro verla compartir la noche previa a un desahucio con la familia afectada, tratando de aportar serenidad y fuerza en las tensas horas previas a la llegada de la comisión judicial. Como psicóloga “que ha vivido en sus carnes el problema, es horroroso comprobar cómo afecta la crisis a la gente. Muchos afectados están en riesgo de exclusión social, otros sufren violencia de género, desempleo, sus familias se rompen... Todo esto supone un cóctel explosivo para la salud mental de la gente”, sostiene Tatiana, preocupada por una dimensión del problema que pocas veces sale a la luz.

Hiperactivismo
En una suerte de hiperactivismo, Tatiana se han volcado también con el movimiento 15M, participando en proyectos surgidos en su seno, como la Oficina de Vivienda o la propia Asamblea Popular de Tetuán, en la que tiene un papel destacado su marido, Anuar Jalil, de origen libanés. Conscientes de que su caso aparece hoy como una bandera de la lucha por el derecho a techo y contra la usura bancaria, el 15M y la PAH madrileños tratarán de convertir su segundo intento de desahucio, fechado para el próximo 29 de febrero, en un nuevo momento de agregación de multitudes indignadas y rearme del movimiento. Tatiana es muy consciente de que pronto puede quedarse sin casa, pero lo que antes era una penosa carga que llevaba a sus espaldas con angustia y vergüenza, hoy se ha convertido en un elemento para reforzar sus convicciones.

“Los afectados no tienen que sentirse culpables. Los culpables son los bancos, que nos han robado, nos han estafado y ahora nos echan de nuestras casas y nos dejan con una deuda de por vida. Es el momento de levantarnos, unirnos y luchar hasta cambiar la ley hipotecaria”, afirma. Centenares de personas con dificultades para hacer frente a su hipoteca han llegado a la misma conclusión, como muestra la fuerte expansión de las PAH en los últimos meses o el peso creciente que tienen hoy los damnificados en estos colectivos.

Un día después del Stop Desahucio de Tatiana, la asamblea del 15M de la localidad madrileña de Parla y la PAH paralizaron el desalojo de Luis Domínguez, un vecino de 74 años con una minusvalía reconocida del 75%. Reflejo de un proceso de empoderamiento verificable en las más de 50 PAH que existen actualmente, espacios donde se diluyen las diferencias entre autóctonos y migrantes, Luis tampoco se pierde un Stop Desahucio desde entonces.

Ejecuciones hipotecarias
Según datos del Consejo General del Poder Judicial, desde que comenzó la crisis, en 2007, más de 350.000 propietarios, familias en su mayoría, se han quedado sin casa como resultado de un proceso de ejecución hipotecaria en el Estado español. En el tercer trimestre de 2011, los procedimientos de desahucio alcanzaron los 10.869, un 14,2% más que en el mismo periodo del año anterior, y los últimos datos de desempleo sólo pueden presagiar un agravamiento de la situación. Estudios recientes calculan que más de medio millón de hogares perderán su casa entre 2012 y 2015.

Sin embargo, la tasa demorosidad de las familias sigue siendo muy baja en España, y aunque en noviembre llegó al 2,7%, cuando antes de la crisis era del 1%, dista mucho del índice de impago de las inmobiliarias (18,7%) y de las constructoras (16,09%). Según datos del Banco de España, los impagos de las empresas inmobiliarias superaron en el tercer trimestre de 2011 los 37.000 millones de euros, tres veces más que el de todas las familias españolas juntas, y eso a pesar de que éstas recibieron de los bancos el doble de crédito que el sector inmobiliario. Pero las financieras siguen brindando un trato de favor a las inmobiliarias al aceptar de manera recurrente la entrega de sus inmuebles como pago de su deuda, algo que niegan de manera sistemática a las familias y que se ha convertido en el caballo de batalla de las PAH y del 15M.

Gracias a la presión de estos colectivos, que han encontrado la complicidad de movimientos como el vecinal y el sindical, la dación en pago se ha instalado en el centro del debate político. Desde su creación, en febrero de 2009, la PAH reclama que el Estado la regule con carácter retroactivo, para librar de deudas vitalicias a las decenas demiles de familias que ya han perdido su vivienda. Esta petición la ha trasladado a partidos políticos, ayuntamientos e instituciones del Estado y ahora tratará de llevarla al Parlamento a través de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que ha permanecido bloqueada más de medio año en la Mesa del Congreso. Para ello, a partir de marzo, deberá recoger en nueve meses 500.000 firmas.

Más allá de los resultados concretos en el Congreso, la campaña de la ILP perseguirá sensibilizar y trasladar a todos los rincones del Estado el debate sobre el problema de la vivienda y el papel de la banca, sobre la paradoja de que se siga expulsando a las familias empobrecidas de sus únicas viviendas cuando en España el stock de casas vacías alcanza los cinco millones de unidades, y la necesidad de que el Estado ponga en marcha un parque público de viviendas de alquiler social que garantice un derecho reconocido en la Constitución.

Según Ada Colau, una de las fundadoras de la primera PAH, en Barcelona, “lo más importante de la campaña Stop Desahucios, que arrancó en noviembre de 2010, es la conquista simbólica, demostrar que con la acción colectiva se puede conseguir algo, a pesar del enorme poder de los bancos. 130 desahucios parados frente a más de 150.000 ejecutados en tres años no es mucho numéricamente, pero hay que pensar de dónde partíamos. Cuando empezamos era muy difícil plantear el tema, estaba invisibilizado y los afectados estigmatizados”, sostiene.

Junto al aspecto simbólico encontramos resultados concretos. Gracias a las acciones de desobediencia pacífica y a la presión social, el movimiento ha conseguido aplazar de manera indefinida decenas de desahucios, y ha logrado daciones en pago y condonaciones de deuda, así como algunos alquileres sociales. Y es que, en palabras de Colau, “aunque lo más visible son los Stop Desahucios, antes y después hay mucho trabajo: negociar con los servicios sociales, presionar a los bancos para parar el desahucio antes de la fecha programada, etc. Ahora entramos en una segunda fase de lucha. En Madrid está habiendo una reacción represiva muy fuerte. En Cataluña no tanto, aunque ha habido intentos. Pero si no se consigue parar los desahucios, tendrá que tomar fuerza la Campaña de la Obra Social, es decir, reabrir los pisos de los desahuciados o abrir pisos vacíos de las entidades financieras para las familias desahuciadas”. En este marco, el 16 de diciembre, la PAH de Terrassa dio a conocer la okupación de dos bloques de viviendas, pertenecientes a UNNIMy Catalunya Caixa, para familias desalojadas.

La presión de las plataformas y del 15M no sólo está generando un ambiente favorable a sus propuestas en la opinión pública, sino en un sector, aún minoritario, de la judicatura. Así, el 10 de enero, el magistrado del Juzgado de Instrucción nº 3 de Torrejón de Ardoz, Carmelo Jiménez, firmó un auto por el que obligaba a Bankia a declarar saldada la deuda de un hipotecado con la entrega de su vivienda. El juez cita dos autos de las audiencias provinciales de Navarra y Girona, y sostiene que “la aplicación automática de la regulación de la ejecución hipotecaria desconociendo esta situación actual de crisis económica excepcional conllevaría dejar exento de responsabilidad a uno de los partícipes, como entidad financiera, en la causación de dicha situación, al haber valorado el bien objeto de garantía especulativamente o de manera irreal, y le permitiría además adquirir el citado bien por un precio irrisorio”. De permitir esto, dice la sentencia, se estaría amparando “una operación que no difiere mucho de la usura”.

Para Rafael Mayoral, asesor legal de la PAH, el de Torrejón es el auto “más valiente” de los habidos hasta la fecha, más incluso que los de Navarra, Girona y otro emitido hace unas semanas en Lleida, que condona la deuda de dos hermanos que ya habían sido desalojados de su casa. En el auto de Torrejón, el magistrado “entra en el análisis de la realidad social y de la situación excepcional en que nos encontramos, cita los paquetes de ayuda que ha recibido la banca y aborda la desigualdad real y objetiva que existe entre las partes, la incapacidad objetiva del deudor para prever esta situación de crisis y la responsabilidad en ella del prestamista”, indica Mayoral. Aunque ya ha sido recurrido por Bankia, según el abogado de la PAH, demuestra que “los bancos no tienen la legalidad de su parte. Lo que ocurre es que se está aplicando la norma de manera automática, cuando el derecho ha de ser entendido con una visión integral”.

En el campo judicial, según Mayoral, “se están produciendo grietas importantes como la de Torrejón, fisuras por las que acabará saliendo una riada incontenible, detrás de la cual sigue siendo imprescindible el empuje de la sociedad civil”.

MEDIDAS ANTE LA EMERGENCIA //

AYUNTAMIENTOS
Desde que la PAH lanzara su campaña para los ayuntamientos en noviembre de 2010, cerca de 200 han aprobado mociones en que solicitan al Gobierno la dación en pago y se comprometen a trabajar para frenar los desahucios, para lo que algunos están creando comisiones mixtas. El más importante en hacerlo ha sido el de Barcelona. Otros, como el de Terrassa, han dado un paso más: allí, además de crear un servicio de intermediación para que los afectados negocien con los bancos, el Consistorio ha interpelado a estas entidades para que incluyan sus 5.000 casas vacías en la bolsa municipal de viviendas en alquiler social. Otros, como el de Alcalá de Henares o Torrejón, en Madrid, han aprobado dejar de cobrar a los desahuciados la plusvalía municipal que se aplica en la transmisión de inmuebles. Quedan lejos todavía ejemplos como el de Bobigny (Francia), que con una ordenanza declaró la ciudad “libre de desahucios”, o el de tres distritos de Roma que expropiaron viviendas de grandes propietarios para responder a la situación de emergencia social.

DEFENSORA DEL PUEBLO
La Oficina del Defensor del Pueblo presentó el 25 de enero un informe en el que solicita “medidas excepcionales” para las personas que no pueden hacer frente a sus hipotecas, “del mismo modo que se han otorgado ayudas públicas excepcionales al sector financiero”. Sin embargo, aunque pide para la vivienda habitual “una protección extraordinaria en una ejecución hipotecaria”, sólo solicita la dación en pago para “los casos más extremos”.

OFICINA DE VIVIENDA
La Oficina de Vivienda, que abrió sus puertas en el okupado Hotel Madrid pero ha seguido adelante tras su desalojo, es un proyecto que articula su trabajo en tres ejes: la asesoría sobre la toma de edificios abandonados a la especulación, la búsqueda de soluciones temporales de alojamiento para personas sin casa y la solidaridad con quienes lancen su proyecto de realojo en viviendas que están en manos de bancos e inmobiliarias. Más info: oficinavivienda.net

EL ABUSO DE LAS SUBASTAS EXTRAJUDICIALES
En un momento en el que los afectados por las hipotecas luchan porque las leyes cambien para que el banco no se pueda quedar con su vivienda por un 60% de su valor inicial, reclamándoles el 40% restante, una nueva práctica, poco utilizada hasta ahora por los bancos pero prevista en casi todas las escrituras hipotecarias, ha hecho saltar la voz de alarma. Se trata de las subastas ante notario, que permiten al banco, tras dos intentos de venta por el 100% y el 75% del valor de la vivienda, y en ausencia de postor, adjudicarse la casa por el precio que más le convenga, por ejemplo, un euro, lo que deja al afectado no sólo sin vivienda, sino también con la totalidad de la deuda. Además, el procedimiento, al ser extrajudicial, no permite al afectado recurrir a la justicia gratuita. “Iremos a las subastas y las pararemos, igual que estamos paralizando los desahucios”, advierte la PAH, a la que están llegando afectados por este tipo de procedimiento, al que está recurriendo la entidad Banca Cívica, pero también otras entidades, como Banesto, que el 26 de enero se adjudicó una vivienda por el 35% de su valor. Mientras no se cambie la ley, “de nada servirán los vanos intentos de mediación que algunas administraciones están intentando impulsar para neutralizar el conflicto”, dice la PAH.

Óscar Chaves y Gladys Martínez (Redacción)
Diagonal

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