¿Quieren saber la verdad sobre la “elogiada” reforma laboral
española? La revela la publicidad de una empresa que organiza seminarios
para empresarios. Su jubiloso anuncio dice: “Saque para su empresa el
máximo partido a la Reforma Laboral de 2012. ¿Despido más barato? Ahora
sí que sí. Despidos colectivos solo por decisión del empresario.
Reducción de salarios, por fin una posibilidad real. Despidos objetivos
por causas económicas, fáciles de justificar...” Literal. No es broma.
Rajoy aseguró que no subiría impuestos, pero enseguida aumentó el
impuesto sobre la renta y subirá el IVA. Rebaja el presupuesto para
medidas contra el desempleo y las ayudas para acceder a la vivienda. Se
congela el sueldo de los funcionarios, se recortan los presupuestos de
sanidad y educación, expulsan de la Sanidad pública a inmigrantes y
jóvenes en paro de más de 26 años, suben las tasas universitarias, menos
dinero para becas, 34% menos para investigación... Y además
“liberalizarán” servicios, infraestructuras y transportes. Es decir,
privatizarán o entregarán lo que es de todos a la minoría de siempre a
precio de saldo. El colmo ha sido que el presidente español haya
reconocido que “si tengo que subir el IVA, lo subiré aunque haya dicho
que no lo iba a hacer”. ¡Increíble!
Lo único importante es reducir el déficit, hacer reformas
“estructurales” (retrocesos sociales y violación masiva de derechos) y
ayudar al sector financiero. A la ciudadanía, que le den morcilla.
El Partido Popular ha incumplido por completo el programa electoral
que “vendió” en campaña. Pero no es el único. Y, en democracia, un
programa electoral es un contrato con la ciudadanía.
El incumplimiento del programa electoral y la ocultación de qué hace y
piensa hacer este gobierno lo aparta de parámetros democráticos y lo
priva de cualquier legitimidad.
La democracia no es ni puede ser un ritual de mercadotecnia. Se vota
para delegar el poder de la ciudadanía a representantes que, a su vez,
eligen un ejecutivo. Y este ha de cumplir su compromiso electoral sobre
la base del respeto de los derechos de la ciudadanía. No hay otra.
Por supuesto no es solo un problema español. No recordaremos qué
ocurre en Grecia, Portugal, Italia o Irlanda para demostrarlo; solo una
declaración a The Wall Street Journal de Draghi, presidente del BCE, que
deja muy claras sus intenciones: “El modelo social europeo está muerto y
quien dé marcha atrás en los recortes presupuestarios provocará una
sanción inmediata de los mercados”. Una auténtica declaración de guerra.
Ni soberanía, ni constituciones, ni parlamentos, ni derechos, ni
democracia. Solo mercados con sus obscenos beneficios. Como dice Ignacio
Ramonet, en la Unión Europea hoy no existe voluntad alguna de
enfrentarse a los mercados. No solo es mediocridad e incompetencia de
los gobiernos, que también, sino servidumbre a esos mercados. En Europa
se gobierna para servir a los intereses de los bancos de inversión,
compañías aseguradoras, fondos de pensión, fondos especulativos de alto
riesgo, grandes corporaciones y grandes fortunas. Esos son los mercados.
Europa era la región donde el salvajismo del capitalismo se frenaba y
atemperaba con las políticas sociales del llamado estado de bienestar.
Pero los mercados han decidido que eso se acabó. Y se pasan por el arco
de triunfo soberanías, parlamentos y la democracia misma con la servil
complicidad de gobiernos y la de los grandes partidos que los sostienen.
En tal situación de agresión contra la ciudadanía, esos gobiernos
pierden toda legitimidad. Y, ante gobiernos sin legitimidad que violan
derechos solo cabe resistencia ciudadana no violenta y desobediencia
civil. E insumisión ante los nefastos acuerdos intergubernamentales que
han impedido construir la Europa de la ciudadanía y de los pueblos desde
el tratado de Maastrich de 1992 hasta el de Lisboa de 2009.
¿O dejan otro camino?
Xavier Caño Tamayo
analítica.com
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