lunes, 21 de mayo de 2012

Plan de Rescate Ciudadano. "Las personas primero"

Este Plan de Rescate Ciudadano (PRC) pone en red, apoya y amplifica a los colectivos que proponen acciones directas para conseguir el cambio.

Un proyecto de redesDRY en colaboración con PAH, Madrilonia, iaioflautas y otros colectivos especializados que trabajan en los distintos ámbitos.

1. Rescate a las personas y no a los bancos
Frente a la crisis global del sistema financiero, los gobiernos y los lobbies económicos están intentando salvar sus intereses a golpe de endeudamiento público y recortes en derechos sociales. Ante la crisis de la deuda que está asolando toda Europa, la llamada ‘troika’ (Fondo Monetario Internacional [FMI], Comisión Europea [CE] y Banco Central Europeo [BCE]) quiere forzarnos a seguir sufriendo políticas de austeridad y reformas como la laboral para poder salvar así a los acreedores. Ante esta situación:

1. No vamos a admitir que se nos gobierne a golpe de recorte, mientras esperamos que banqueros y políticos encuentren solución a la cuadratura del círculo: salir de la crisis recortando.

2. Ya que nadie va a rescatar a las de abajo, debemos ejercer nuestro propio rescate construyendo frentes amplios de disenso a la deuda y la austeridad. En este sentido, resulta fundamental promover una Auditoría Ciudadana de la Deuda que ponga sobre la mesa la ilegitimidad de la deuda y señale a sus responsables.

Las agencias de rating y los grandes organismos financieros no nos representan. No les vamos a obedecer con la cabeza agachada. Cualquier pueblo a la altura de las circunstancias debe desobedecer la dictadura financiera. Los gobiernos ‘políticos’, que coinciden con los gobiernos ‘financieros’, no se van a oponer a esta deudocracia que nos empobrece más día a día. Nos toca a las personas rescatarnos a nosotras mismas.

Hay que tomar conciencia de que no vivimos en una democracia, sino en una deudocracia.

Las Auditorías ciudadanas de la deuda pueden ayudarnos a explicar el tsunami financiero que ha conllevado un trasvase de la deuda privada hacia la deuda pública mediante los rescates de bancos en quiebra. Las Auditorías identifican también quiénes son los culpables de esta situación y revelan cómo la responsabilidad se carga, sin embargo, sobre las espaldas de la ciudadanía. Tenemos que hacer que todos los caminos conduzcan a Islandia: todos los culpables a la cárcel.

Tenemos que dar otros pasos en respuesta a la crisis. En lugar de rescatar a los banqueros construyamos y apoyemos una banca ética, no corrupta ni basada en la especulación, que responda a las necesidades de la población. También digamos ‘no’ al pago de la deuda ilegítima que ha permitido a los bancos forrarse. ‘No’ a pagar la deuda contraída en contra de los intereses de la ciudadanía.


2. Educación y Sanidad universales, públicas, gratuitas y de calidad
La Constitución Española garantiza en el artículo 28, “el acceso universal, permanencia, movilidad y salida sin discriminación alguna” a la educación. El artículo 43 “reconoce el derecho a la protección de la salud” y cita que “compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios.”

Los gobiernos de PP, PSOE y CiU están limitando el acceso gratuito y universal a estos dos servicios, escudándose en la insosteniblidad y acusándonos de derrochar el dinero público al abusar de los servicios. Pero, para Sanidad, el estado Español destina sólo un 7% del Producto Interior Bruto, un porcentaje dos puntos por debajo de la media europea ¿Es insostenible entonces el sistema, o, al contrario, está infrapresupuestado?

Con tales excusas, imponen políticas en contra de los intereses de la mayoría de la población, aplicando recortes en servicios básicos de más de 10.000 millones de euros.

En Sanidad implantan el mal llamado ‘co-pago’ (se trata en realidad de un ‘re-pago’, porque ya pagamos con nuestros impuestos por los servicios que además ahora quieren gravar), el euro y el incremento en el pago del 10% de las recetas médicas (10% pensionistas, 50% activos), la negación de la atención continuada a inmigrantes y mayores de 26 años sin cotización previa, la supeditación de dietas, ortesis y prótesis y transporte sanitario a las condiciones económicas de cada persona y el adelgazamiento de la cartera de servicios básicos en pro de la accesoría/complementaria (sujeta a más ‘repagos’).

Con todos estos recortes, se rompe el derecho constitucional a la protección de la salud y se deja desprotegida a gran parte de la población en un momento de crisis económica.

Los recortes en educación así como las subidas de tasas para acceder a la enseñanza pública en todos sus niveles (subida de un 66% en matrículas universitarias, FP de pago en Cataluña y 28% de recortes en subvenciones a guarderías) suponen la negación de unos derechos constitucionales que deberían estar garantizados. Por otra parte, no solo se trata de re-pagar la educación pública sino que están degradando la calidad de la enseñanza hasta límites que nunca imaginamos: se aumenta hasta un 20% el número de estudiantes por aula, se reducen drásticamente las plantillas docentes, se acaba con las AMPAS, con la atención a la diversidad, con las extraescolares, con los equipos de orientación psicopedagógica, se cierran escuelas, se frena el programa de digitalización de las aulas, se elimina la sexta hora, se retrasan las substituciones hasta la tercera semana de baja… por no hablar de las escuelas que aún siguen en barracones o las que no tienen calefacción.

Cuando se recorta en Educación y Sanidad se ataca al bienestar de todas las personas.

Como usuarias del sistema público, estamos viendo constreñido nuestro acceso a los derechos básicos. 

Como empleadas, se recortan drásticamente nuestros salarios a la vez que aumentan las horas y cargas de trabajo.

No podemos permitir que la socialización de las pérdidas provocadas por un modelo de desarrollo insostenible se traduzca en peor salud y educación para las personas de a pie. Pero tampoco se trata de mantener lo que había antes sin cuestionarlo, sino más bien de mejorarlo. Tenemos que asumir como incuestionable que invertir más en mejores sistemas de educación y de salud no es un ‘gasto’, sino que redunda en el bienestar colectivo y supone un beneficio, una inversión.

Los recortes en Sanidad y Educación son actos criminales, absolutamente evitables. No vamos a ser gobernados por quienes dicen que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, y no pararemos de luchar hasta que el buen vivir sea repartido de una manera accesible a todos y todas.


3. No a la precarizazión. Distribución de la riqueza
¿Qué sería de nuestras vidas si no tuviéramos que supeditar nuestra capacidad de trabajo a conseguir un salario para pagar las necesidades básicas: vivienda, agua, alimentación, etc.? Esta pregunta es un punto de partida para reflexionar sobre cómo funciona el sistema productivo vigente, y cuál es el futuro catastrófico al que nos conducen las élites políticas y económicas. Es urgente cuestionar de raíz la precarización cada vez más extendida en nuestra sociedad.

La actual reforma laboral impuesta por el PP profundiza las ya iniciadas por el gobierno del PSOE, bajo las doctrinas neoliberales. Se facilitan los despidos, se ajustan al máximo los salarios, se deslegitiman los convenios colectivos y se anulan nuestras herramientas para defender el trabajo. Esta continuada reforma laboral reduce progresivamente los derechos conquistados históricamente por las luchas, con la paradójica promesa de aumentar el empleo.

Quienes trabajamos ya hemos experimentado que el debilitamiento de nuestros derechos no produce el prometido crecimiento. Más bien se concentra el poder y la riqueza en el capital y las élites. Si se abarata lo que el trabajo le cuesta al capital, se generaliza un modelo basado en la lucha por la supervivencia de la mayoría, coronado por el privilegio privilegio de unos pocos. Como bien sabemos, la reducción de los derechos de quienes trabajan va de la mano de una eliminación cada vez mayor de las becas, los subsidios, de las ayudas al desempleo. No es un problema futuro, sino una urgencia ya presente. ¿Cómo quieren que sobreviva aquella parte cada vez mayor de la sociedad que se encuentra desprotegida?

Reconocer que la riqueza se produce de manera cooperativa y que es necesario repartirla de forma justa es la clave para construir otro modelo productivo.

La vida y el mercado no son sinónimos. No solo producimos cuando lo reconoce el capitalismo o el mercado. Es necesario diferenciar ‘trabajo’ de ‘empleo’. Quienes no tienen empleo, también trabajan. Trabajamos y producimos mientras ejercemos los cuidados, estudiamos, reciclamos, usamos internet, nos comunicamos y luchamos por nuestros derechos. En una palabra: producimos riqueza mientras vivimos y construimos nuestra sociedad.

Es necesaria una reforma fiscal que grave los mayores beneficios del capital, los bienes patrimoniales y los flujos financieros como un primer paso para un reparto equitativo de la riqueza. Pero sobre todo es imprescindible repartir los beneficios económicos que resultan de la cooperación social, sea en forma directa (monetaria), sea en forma indirecta (acceso universal a transporte, salud, vivienda o educación). Una Renta Básica Universal permitirá acabar con la supeditación de la vida y del trabajo de cooperación social al neoliberalismo.

Exigimos la garantía de nuestra existencia. Tenemos que pensar en qué consiste una buena vida. No queremos una vida sometida a la acumulación de la riqueza, sino que la riqueza social que producimos esté destinada a hacer sostenible nuestra vida en sociedad. Para que nuestro trabajo no esté obligatoriamente sometido al empleo, sino que esté liberado y sea útil para nuestra vida en común.

Este Plan de Rescate Ciudadano (PRC) pone en red, apoya y amplifica a los colectivos que proponen acciones directas para conseguir el cambio.

4. Por el derecho a una vivienda digna
Vdevivienda salió a la calle en 2006 para decir al mundo que la burbuja inmobiliaria iba a estallar. La PAH (Plataforma de Afectados/as por la Hipoteca) trabaja actualmente para que se organicen quienes viven las consecuencias del estallido. Nunca ha habido tanta vivienda vacía, ni tampoco tanta gente sin vivienda.
 
 El artículo 47 de la Constitución Española dice:
“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”.

Ante una Constitución de papel mojado, ante la vergüenza que sentimos hacia unos poderes públicos incapaces de garantizar el acceso a la vivienda y ante la necesidad de todas las personas de vivir en una casa “digna y adecuada”, la batalla por la reapropiación del derecho a la vivienda ha comenzado.

Es necesario exigir el fin de los abusos de la especulación inmobiliaria.

Nuestros objetivos son:
1. La dación en pago retroactiva, es decir, que se cancele la deuda con el banco a cambio de la entrega de la propiedad de la vivienda.

2. La paralización de los desahucios cuando se trate de la vivienda habitual del inquilino y el impago sea debido a motivos ajenos a su voluntad.

3. Al alquiler social, mediante el cual la persona afectada tendrá derecho a residir en su vivienda pagando un alquiler no superior al 30% de sus ingresos mensuales.

4. La conversión del stock inmobiliario que acumulan las entidades financieras en parque público de alquiler social.

5. Promoción de un sistema de acceso a la vivienda no basado en la especulación, sino que constituya un derecho independientemente de la condición económica de las personas.Si nos suspenden la Constitución, suspendemos la obediencia.

5. Transparencia, democracia en red y libertades ciudadanas
Vivimos una reducción manifiesta de los derechos y libertades de la ciudadanía. Con esto buscan minimizar nuestra participación tanto en las calles como en las redes. La democracia entra en crisis cuando se cancelan los derechos políticos de huelga, manifestación y reunión en el espacio público, que son pieza clave de una sociedad democrática. Es más, la propia democracia consiste en la defensa misma y en el ejercicio que estamos realizando de esos derechos. El movimiento #15M ha evidenciado la urgencia de reinventar la vieja relación entre sociedad civil y gobierno, que está fosilizada en las democracias representativas y parlamentarias. La ciudadanía ya no acepta ser espectadora de la democracia. Por eso la estamos reconstruyendo activamente.Las herramientas digitales permiten experimentar nuevas prácticas de participación política. No faltan ejemplos. En Islanda, el nuevo proceso constituyente se ha apoyado en una plataforma wiki y en la participación de los ciudadanos a través de la redes sociales. En el estado brasileño de Rio Grande do Sul, famoso por los presupuestos participativos y el Forum Social Mundial, se ha creado un gabinete digital que ensaya a través de la red procesos de intervención de la ciudadanía en las decisiones relativas a las políticas públicas. Las propuesta de democracia 4.0 abre la posibilidad de reapropiación de nuestra soberanía, reforzando el protagonismo social.

Afirmamos que el concepto clave es transparencia:

La transparencia es una condición fundamental de la democracia, que los gobiernos evitan aun cuando se les exige cumplirla. Los gobiernos españoles ha desoído las indicaciones recibidas en este sentido tanto desde la ciudadanía como desde las instituciones europeas. Es el momento de dejar atrás las formas estáticas de representación y de formación de la opinión pública, de superar los modelos verticales de reparto del poder y de la riqueza. Porque todo ello favorece la opacidad en la toma de decisiones.

Articular una política de transparencia con el uso de herramientas prácticas de participación y cooperación en red, significa reinventar la democracia.

 

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