martes, 26 de febrero de 2013

Desmercantilizar la vivienda

En el Estado español se ha apostado por entender la vivienda como mercancía y por el mercado como el mecanismo más eficiente para conjugar la oferta con la demanda de viviendas, sea a través del alquiler o, sobre todo, la compra.

Pero queda cada vez más patente que no existe tal equilibrio: cientos de desahucios son confrontados cada semana con una barrera de cuerpos, la ocupación de viviendas vacías se dispara, las calles se llenan con una movilización creciente y también los suicidios son cada vez más frecuentes. Esto no pasa con la mayoría de mercancías, uno no se quita la vida por no poder comprarse un par de zapatos, tampoco es común okupar tu propio coche si no puedes pagar las letras.

Estas cuestiones quedan excluidas del análisis económico ortodoxo, relegadas en todo caso a pequeñas distorsiones o externalidades negativas mencionadas a pie de página. Pero no es así desde otras aproximaciones en la economía.

La vivienda se encuentra en la intersección de dos mercancías ficticias: el trabajo y la tierra. Este es el término que Karl Polanyi utiliza para aquellas mercancías que no acaban de encajar en su definición más común, eso es, la de un objeto producido para su venta en el mercado. El trabajo es indisociable del individuo humano portador de esta peculiar mercancía y la tierra no es más que otro nombre para la naturaleza. Según Polanyi, forzarlos en un formato mercantil y permitir que el mecanismo del mercado sea el único director del destino de los seres humanos y de su entorno natural es un proyecto utópico y peligroso. Ninguna sociedad podrá soportar sus excesos y vaivenes y saldrá necesariamente a defenderse de ellos.

Otro Karl, en este caso Marx, analizó la forma que toman las mercancías en el capitalismo y las tensiones que existen entre sus valores de uso y valores de cambio. En cuanto a la vivienda, el valor de uso se refiere a sus características de refugio, de lugar de descanso, de espacio de privacidad en el que se desarrollan relaciones afectivas, en el que se construye un hogar, etc. Este es el valor que la inmensa mayoría de las personas le otorgamos a nuestra vivienda. Pero por otra parte está su valor de cambio, el valor que se calibra en el mercado y se expresa en términos cuantitativos por el dinero, en este caso el precio del alquiler, la hipoteca o la compra.

En las últimas décadas, más y más personas también han estado relacionando su vivienda con una forma de ahorro, de tenencia de un activo, para realquilar, para revender, como garantía para un crédito, en definitiva, por su valor de cambio. Inversores y empresarios también han estado invirtiendo crecientemente en el mercado inmobiliario, pero no por su valor de uso, no con la intención de formar un hogar o hacer vida de barrio, sino por su valor de cambio, con la intención de vender en un futuro y obtener beneficio.

Esta dinámica, como ya sabemos, desató una deriva especulativa en la que el elevado precio de la vivienda generaba exclusión en el acceso para mucha gente y excesivo endeudamiento para mucha otra. En otras palabras, el comportamiento acelerado del valor de cambio dificultaba cada vez más el acceso al disfrute del valor de uso de la vivienda.

En el capitalismo, el valor de cambio de las mercancías acaba dominando sobre su valor de uso, y cuando la mercancía en cuestión es la vivienda, las consecuencias sociales son especialmente nefastas. Así, mientras que Polanyi remarcaba la necesidad de proteger espacios de la vida social del molino satánico del mercado, Marx reivindicaba relacionarnos con las cosas por sus valores de uso.

Estas aportaciones apuntan a la necesidad de un modelo de vivienda desmercantilizado y centrado en el uso. Pero cuando el gobierno busca asesoramiento para trazar sus políticas públicas de vivienda, no se apoya en el análisis de estos dos clásicos economistas, sino que tira de sus particulares “expertos”: los mismos economistas cuyos desarrollos teóricos no captan la conflictividad social que al resto nos resulta tan obvia y visible.

Pensando en dos frases típicas que se repiten sin cesar: “los economistas dicen que…” ¿Qué economistas?; “según los expertos…”, aquí merece especial mención Ada Colau de la PAH en su intervención en la Comisión de Economía del Congreso frente a un supuesto erudito en el tema: “No es un experto. Este señor es un criminal, y como tal deberían ustedes tratarle”.

Lorenzo Vidal
Miembro del colectivo econoNuestra
Público.es
http://blogs.publico.es/econonuestra/

lunes, 25 de febrero de 2013

El estado de crisis permanente

Si Atenas llora, Esparta no ríe. Los países europeos mediterráneos ya han vertido amargas lágrimas. En 2012 la imposición forzosa (o mejor dicho, golpista, en el caso de Italia) de políticas de austeridad provocó un empobrecimiento que no tiene precedentes de la postguerra a hoy. Pero ni siquiera a Sparta, es decir a Alemania, le va bien. Lo que está ocurriendo es el inicio de un círculo vicioso en el que los países económicamente más fuertes se ven envueltos en una espiral recesiva que se autoalimenta continuamente. Tras resistir dos años a la crisis de la deuda europea, aprovechándose del debilitamiento del euro que ha permitido exportaciones más competitivas fuera de la eurozona, ahora también Alemania empieza a mostrar los primeros signos de una posible crisis. El gobierno alemán ha revisado a la baja las estimaciones de crecimiento previstas para el 2012 y 2013, acercándose a niveles de estancamiento, cayendo por primera vez las ventas al por menor.

En 2013 entramos en el sexto año de la crisis. Ni siquiera la gran crisis de 1929-30 duró tanto. A partir de 1933 (tras cuatro años) la economía estadounidense comenzó a recuperarse. En esa época, la salida de la crisis se vio favorecida por la definición de una nueva governance social y política llevada a cabo, si bien parcialmente y a menudo de modo contradictorio, mediante nuevos mecanismos de acumulación y valorización que el advenimiento del paradigma taylorista había producido.

Actualmente no se entreve nada de esto. Es evidente que la governance capitalistica impuesta por los mercados financieros ha fracasado, aún habiendo obtenido grandes resultados al plasmar y definir las nuevas modalidades de valorización y las nuevas formas de mando y jerarquía actuales. Tal governance consistía en nuevas funciones económicas asumidas por los mercados financieros, con el paso de una economía monetaria de producción (aquella del paradigma taylorista-fordista) a una economía financiera de producción (aquella del biocapitalismo cognitivo): redefinición continua de la unidad de medida del valor (una vez que el patrón oro cayó con el colapso de Bretton Woods) y, por tanto, financiación de la inversión privada; asegurador social de la vida como resultado de la financiarización, y consecuente privatización, de los sistemas de bienestar; instrumento de crecimiento económico y regulador de la distribución de la renta gracias a los procesos de expropiación de la cooperación social y a su endeudamiento, y multiplicador financiero de la demanda final.

La condición para que tal governance pudiese garantizar estabilidad era una continua, ilimitata expansión de los propios mercados financieros, capaces de producir (plus)valor siempre superior a los efectos mudables y negativos sobre la demanda causados por la creciente concentración de las rentas y por la expropiación de la riqueza social producida por el «común». Dado que esta condición no puede persistir indefinidamente, la inestabilidad estructural que se deriva sólo puede ser políticamente y socialmente gobernada recurriendo a shock exógenos, dictados por la emergencia de turno. En otras palabras, la governance se da en la emergencia. A principios del siglo xxi la emergencia era la guerra al terrorismo. Hoy la emergencia se da por la propia crisis de los mercados financieros y por los Estados europeos. La crisis deviene instrumento de governance y, por tanto, es permanente. Esto significa que la emergencia ha terminado y la crisis se convierte en «norma».

El estado de crisis permanente significa que estamos ante una crisis de la valorización capitalista. A pesar de los intensos procesos de restructuración organizativa y tecnológica que han ampliado la base de la acumulación, imponiendo –detras del chantaje de la necesidad– la puesta en valor de la vida, del tiempo de vida y de la cooperación social humana, la valorización actual, precisamente porque se basa solamente en la expropiación externa de la vida y del «común» humano, sin ser capaz de organizarlo, no se transforma en aumento de plusvalor. El proceso de financiarización sí ha permitido una poderosa «acumulación», pero no ha sido capaz de traducirse en valorización directa y real. Esta es la contradicción central que está en la base de la crisis actual. A pesar de todos los intentos (desde la adulación, desde el imaginario, al chantaje, el castigo, a la mercantilización total), la vida humana puesta en valor produce de todas formas un excedente que escapa al control capitalista, un excedente que no se transforma en valor económico, es decir, que no es posible medir en términos capitalistas.

En un contexto semejante no es posible ninguna política «reformista», lo que se traduce también en crisis política e institucional. No existen condiciones para definir un nuevo New Deal compatible con la actual economía financiera de producción, a diferencia de lo sucedido en los años Treinta del siglo pasado. La salida de crisis sólo puede darse en un contexto postcapitalista. Pero de esto hablaremos más adelante.

Fuente original: http://www.alfabeta2.it/2013/02/22/lo-stato-di-crisi/
Fuente de la traducción: https://n-1.cc/blog/view/1605011/el-estado-de-crisis-permanente
Andrea Fumagalli
Rebelión
Traducido por Nemoniente.

sábado, 23 de febrero de 2013

Una democracia increíble

La comprensión hegemónica de los derechos ha logrado transmitir, hasta hace poco sin excesivas interferencias, el mensaje de la separación de los derechos según sean civiles, políticos o sociales. El propio sistema internacional de los derechos humanos se fundamenta en dos tratados internacionales, de 1966, que realizan tal división. Se trata de una clasificación fundamentada en la llamada teoría de las “generaciones de derechos”, que implicaría una distinta jerarquía para los derechos civiles y políticos –derechos de primera generación– respecto de los derechos sociales, económicos y culturales –segunda generación–. Estos últimos serían derechos difícilmente exigibles, subordinados a la disponibilidad financiera y a la voluntad política de cada momento.

Salta a la vista que tras esta teoría se halla la salvaguarda de intereses de clase: no por casualidad se trata de derechos que cubren necesidades –sanidad, vivienda, educación, trabajo– que las clases dominantes ya pueden satisfacer, y de modo generoso mediante su posición prevalente en el mercado. Por esta razón, muchas voces vienen exigiendo una consideración unitaria de los derechos, su igual jerarquía y su idéntico vínculo con el principio de dignidad.

Quién nos iba a decir que sería la propia casta dirigente la que acabaría por enterrar dicha concepción jerarquizada: la crisis financiera y económica o, mejor dicho, la manera de gestionarla ejemplifica la profunda indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos. A partir, en general, de una “extraordinaria y urgente necesidad” de prescindir del debate parlamentario, el Gobierno –el actual y también en buena medida el anterior– ha venido aprobando una serie de normas, en su mayoría decretos-ley, que restringen intensamente, y de manera unitaria, el contenido de un buen número de derechos constitucionalmente reconocidos.

Así es: la profunda restricción del contenido del derecho al trabajo que se deriva de la reforma laboral operada en enero de 2012 ha sido acompañada de inmediato por reformas que cercenan el derecho a la educación y a la sanidad públicas. Y, como sabemos, la restricción de derechos no se ha detenido en los derechos económicos y sociales: recientemente se daba a conocer un anteproyecto de reforma del Código Penal por el que se ampliaría el alcance de los delitos contra el orden público, con indudables efectos sobre el derecho de reunión y manifestación. Otro derecho de “primera generación”, la libertad de información, podría verse gravemente restringido si finalmente se concreta la voluntad expresada por el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, de modificar la Ley de Seguridad Ciuda­dana con el fin de sancionar la captación o difusión de imágenes de policías en ciertas situaciones.

No queda ahí la cosa: la reforma de las tasas judiciales impulsada por Ruiz Gallardón (Ley 10/2012) amplía considerablemente su cuantía en los órdenes civil, social y contencioso-administrativo. El acceso a la justicia (artículo 24 constitucional) se convierte en un servicio ‘de pago’: como algunos afirman, del derecho a una tutela judicial efectiva se pasaría al derecho a una tutela judicial ‘en efectivo’. Se trata de un nuevo atentado contra el principio de igualdad (art. 14 constitucional), al margen del reiteradamente incumplido deber de los poderes públicos de “promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas” (art. 9.2 constitucional).

Podríamos referirnos a muchos otros derechos que, de manera interdependiente, están siendo restringidos: la intacta mercantilización del acceso a la vivienda, sin que se aborde seriamente la reforma de la Ley Hipotecaria o sin que las entidades bancarias asuman responsabilidad alguna; el derecho de –pequeña– propiedad de miles de personas que han contraído productos de inversión –la estafa de las participaciones preferentes–; el derecho de huelga, por el uso de los servicios mínimos como herramientas de estrangulamiento de sus efectos y por las explícitas amenazas anunciando la necesidad de su reformulación. O el derecho colectivo a la autonomía de nacionalidades y regiones, tanto por el control estatal de las cuentas públicas en el marco de la “prioridad absoluta” del pago de la deuda privada –impuesta por el nuevo art. 135 constitucional–, así como, en general, por una marcada tendencia de re-centralización competencial. En este contexto, poco debe añadirse respecto de las condiciones de ejercicio del derecho a la libre determinación, del “derecho a decidir”.

Emerge con nitidez el nexo entre gestión de la crisis y restricción del contenido de los derechos así como, en consecuencia, con el desmedro de los elementos necesarios para hacer creíble la condición democrática de nuestro sistema político. En efecto, en este contexto la democracia resulta increíble.

Dicho nexo resulta especialmente intenso cuando nos referimos a derechos demediados, como lo han venido siendo en nuestro contexto los derechos sociales, económicos y culturales. Pero aún lo es más cuando se trata de sujetos demediados. Tal es la situación de las personas inmigradas y de sus derechos, asentados en un permanente estatus de precariedad constitucional. La falta de consistencia jurídica de los derechos de las personas inmigradas no es un producto de la crisis, sino que ha sido consustancial a la entera construcción de un modelo económico y social que ahora entra en crisis. Frente a ello, en lugar de asistir a un replanteamiento de tal precariedad jurídica, las respuestas han ido exactamente en sentido opuesto, al avanzar aun más en la desigualdad, tanto social como jurídica, en especial por lo que respecta a quienes se hallan en situación de irregularidad.

Es en el ámbito de la inmigración donde acaban de mostrarnos una nueva senda del camino del desprecio por los derechos. Se trata de la propuesta de conceder la autorización de residencia, y con ella los derechos que implica, a las personas extracomunitarias que adquieran viviendas por un valor al menos de 160.000 euros. La receta es sencilla: en primer lugar, vaciar de contenido constitucional el derecho a una vivienda digna (art. 47 constitucional)y cerrar las vías para el ejercicio del derecho de libre circulación y residencia para extranjeros (art.19 constitucional). A continuación, añadir restricciones importantes a otros derechos, como el acceso a la sanidad o a la educación, especialmente si se trata de extranjeros en situación irregular. Finalmente, poner en venta, de manera relacionada, el contenido de los derechos que han sido suprimidos: se compra una vivienda –no cualquier vivienda– y con ello se adquiere –parcialmente– la libertad de residencia y circulación, que supone la puerta de acceso al contenido aún subsistente de los derechos previamente condicionados.

Podemos concluir con una buena noticia: al fin nuestros gobernantes asumen la tesis de la indivisibilidad e interdependencia de los derechos. Ya no hay jerarquía entre ellos: todos son igualmente prescindibles, todos están en venta.

Marco Aparicio Wilhelmi. Profesor de Derecho Constitucional, Universitat de Girona
Diagonal 

#23F. ¿Cómo rompe la Marea?

«El mito de la huelga general era capaz de evocar de forma instintiva todos los sentimientos (…) La huelga general agrupaba todos esos sentimientos en una imagen coordinada, y poniéndolos todos juntos, le daba a cada uno la mayor intensidad»
Wu Ming Foundation, El lado práctico de la creación de mitos (en tiempos de catástrofe)
 
Durante los últimos meses, la “Marea de Mareas” se ha construido como una corriente subterránea. Una corriente que ha ganado legitimidad por la fuerza de su choque contra las rocas que el gobierno zombie iba poniendo en el camino de los movimientos; por la fuerza de su movimiento que ha actuado como un enorme polo de atracción. Un imán que galvanizaba su potencia de atracción en dos direcciones. Por un lado permitía la incorporación de colectivos, agrupaciones, asambleas de barrio, comisiones de trabajo, etc., al diseño de la convocatoria, haciendo un efecto llamada sobre redes cada vez más amplias. Tal ha sido su capacidad para construir la legitimidad de la propuesta. Por otro (y esto es lo que creemos más importante) levantaba el propio mito de la “Marea de Mareas“. Y es esta imagen lo que ha permitido abrir un marco de posibilidad y de necesidad, la posibilidad de encontrarnos a partir de la singularidad de cada marea y de cada lucha en un anhelo común. Este es: el fin de la austeridad y la caída del gobierno zombie. Precisamente la impugnación general de la situación que propone la convocatoria del 23F es lo que la la ha hecho tan atractiva y para tantísimas personas.
 
Uno de los acontecimientos más destacables del desborde de una convocatoria, que ya intuimos masiva, ha sido la comunicación entre profesionales de los sectores públicos utilizando bombardeos de mailing, whatsapp, etc. La proliferación del mensaje “Mareas Unidas” ha desbordado incluso a los cuadros sindicales de CCOO y UGT que han visto cómo sus bases compartían la convocatoria sin necesidad de permiso o control.
 
Otra de las cuestiones importantes es que la convocatoria apela, también, a todos aquellos que no tienen una Marea, que no participan del empleo público, que están en paro, en precario. A quienes entienden (entendemos) las Mareas como un lugar en el que no defendemos tan solo unos puestos de trabajo, sino los servicios públicos y también, y por encima de todo, un proyecto democrático. El proyecto democrático y de organización social que la propia aparición de las Mareas pone sobre la mesa: No a los recortes, no a la privatización, no al régimen de escasez, participación colectiva en los asuntos comunes, control ciudadano de los servicios públicos, alianza entre profesionales y usuarios/as, caída del gobierno.
 
El 23 de febrero vamos a salir a la calle para hacer que ese mito se haga carne, para poner el cuerpo. La pregunta que queda en el aire es ¿cómo pasamos del tiempo del evento al tiempo del proceso? ¿Cómo hacemos para que la Marea arrastre y genere sedimento, para que no sea sólo espuma, para que tras su paso no queden  «cuatro lapas» como decía un cargo del PP? ¿Cómo tumbamos al gobierno y al sistema actual de partidos y avanzamos en el proceso democrático que ya está, irremediablemente, encima de la mesa? En definitiva, ¿cómo rompe la Marea?
 
Madrilonia.org
 

Esperanzas de cambio

La respuesta dominante que están aplicando los Gobiernos e instituciones europeas es la política de austeridad, como ajuste económico regresivo y recortes sociales, frente a la opinión mayoritaria de las sociedades. Esa realidad tiene un fuerte impacto en la conciencia social con la mezcla de incertidumbre, adaptación e indignación. Pero, conviene analizar las tendencias sociales de fondo y su carácter ambivalente para perfilar el horizonte. Y un elemento clave es la mentalidad de la población y su actitud: hacia la resignación y el fatalismo o hacia una conciencia cívica, democrática y de cambio.

Tenemos cuatro componentes principales de actual escenario:
1) La prolongación de la crisis socioeconómica, causada por los mercados financieros, con graves consecuencias sociales para la mayoría de la población.

2) La gestión antisocial e impopular de la clase política dominante, con una estrategia liberal-conservadora bajo la hegemonía del bloque de poder (centroeuropeo) representado por Merkel, con la colaboración o corresponsabilidad, primero, de los gobiernos socialistas en los países periféricos como España y, después, de los gobiernos de derecha.

3) Significativo proceso de deslegitimación social del contenido principal de esa política, el reparto injusto de los costes de la crisis, y la crítica hacia la involución de la calidad democrática del sistema político, conformándose una importante corriente social indignada, un campo social diferenciado y en desacuerdo con esas medidas regresivas (que en algunos aspectos concretos alcanza a dos tercios de la sociedad) y, particularmente, una desafección o brecha social respecto de la clase política.

4) Ampliación de las protestas sociales y resistencias colectivas, configurándose una ciudadanía activa, de fuerte contenido social, con un carácter sociopolítico progresista y democrático; se puede cifrar entre cuatro y cinco millones de personas participantes en los procesos huelguísticos y entre uno y dos millones en las grandes manifestaciones sindicales o ciudadanas (y según diversas fuentes en torno a un millón de participantes en las redes sociales vinculadas a estas protestas); se ha encauzado, fundamentalmente, a través del movimiento sindical y el movimiento 15-M (o 25-S), conformando una representación social dual, no exenta de tensiones y altibajos, con sus respectivos representantes o grupos de activistas.

En consecuencia, existen cuatro elementos, íntimamente interrelacionados, que se encadenan históricamente y que, con diversos antecedentes,  conforman un nuevo escenario sociopolítico, desde el año 2010. Se ha abierto una profunda y prolongada pugna sociopolítica con el telón de fondo de posiciones contrapuestas: el reparto más o menos desigual de los costes de la crisis, el refuerzo o el desgaste del poder financiero con mayor o menor subordinación de las capas populares, el alcance de los procesos de deslegitimación de la política de austeridad y las élites gestoras con una democracia débil o una democratización profunda.

Y en el campo cultural y de la conciencia social la incógnita está entre dos dinámicas:
a) si la mayoría ciudadana asume los retrocesos democráticos y de bienestar social, bajo de argumento central de contener las demandas populares por su ‘insostenibilidad’ económica y con el refuerzo de los poderosos;
 
b) si, dada la inmensidad de la riqueza generada, los derechos adquiridos y la amplia conciencia de justicia social, es la economía la que debe servir a la sociedad y se apuesta por una distribución más equitativa, una salida de la crisis más justa, solidaria y progresista y una regeneración democrática del sistema político.

Las opciones básicas son dos:
1) Una profunda reestructuración regresiva del Estado de bienestar europeo, con un retroceso de su modelo social, los derechos sociolaborales y la calidad democrática, con una relegitimación de las élites gestoras y los grupos dominantes de poder financiero.

2) Una dinámica sociopolítica que impida esa salida y apueste por una democratización del sistema político, una renovación profunda de las élites institucionales, una regulación institucional de los mercados financieros, con una fiscalidad progresiva, y un refuerzo de un Estado de bienestar más avanzado.

Ese bloque de poder financiero e institucional es el que dicta la orientación de las políticas, las principales medidas de recortes y fija los ritmos de los retrocesos a imponer. Deben cuidar algunos límites: una mínima cohesión social de las sociedades europeas, una legitimidad básica con una democracia débil y un equilibrio político-institucional de la Unión Europea. En su conjunto, la ciudadanía indignada, los movimientos sociales y las izquierdas sociales y políticas están a la defensiva. Las protestas sociales progresistas son, fundamentalmente, expresivas y de resistencia.

La dinámica principal apunta, a medio plazo, a la imposición de un fuerte retroceso del modelo social europeo, particularmente, en los países periféricos del sur de Europa (que es el marco en que nos situamos). Pero el futuro está abierto por la presencia de los factores opuestos a esa tendencia y que permiten mantener la esperanza de conseguir otro horizonte.

Por tanto, los poderosos no tienen ganado todo el partido (o toda la liga, siguiendo con el símil futbolístico). Su debilidad principal es que su estrategia produce desempleo y sufrimiento popular masivo, no asegura suficiente cohesión social y modernización económica y social, no garantiza una salida justa y equilibrada de la crisis y carece de una legitimidad completa.

La mayoría institucional conservadora en España va perdiendo legitimidad rápidamente; sus recetas se van viendo cada vez más como injustas e ineficaces y sus discursos van perdiendo credibilidad. Su alternativa, presentada como la única posible, no soluciona sino que empeora la grave situación económica, política y social. Su hegemonía cultural e ideológica se está resquebrajando. Los últimos datos sobre la corrupción (caso Bárcenas) acentúan su deslegitimación social.

En el plano sociopolítico, la persistencia de la indignación ciudadana frente a la corrupción (económica y política) y la política de austeridad y recortes sociales, junto con una ciudadanía activa que exige justicia social y democratización política constituyen un factor relevante que pugna por un cambio social y político. Es un acicate para la renovación de las izquierdas y un factor para fortalecer una alternativa progresista que rompa el fatalismo y refuerce la esperanza.

Antonio Antón
Profesor Honorario de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid
Público.es
http://blogs.publico.es/dominiopublico/6595/esperanzas-de-cambio/ 

miércoles, 20 de febrero de 2013

Gobierno dimisión ¿y luego qué?

Los papeles de Bárcenas no son un simple caso de corrupción política donde un dirigente mete la mano en la bolsa y todo se puede simplificar hablando de manzanas podridas. Más allá del desenlace final,  lo que tenemos delante, es  todo un proceso de putrefacción del sistema de partidos surgido de las cortes del 78, donde el Partido Popular es el mayor exponente político —pero no el único—, del bloque inmobiliario-financiero español que tanto se ha beneficiado en estas décadas de burbuja. A esta capa dirigente del tándem político-especulativo que reúne a lo peor de nuestra sociedad, algunos lo hemos venido a calificar de lumpen-oligarquía, destacando así la cualidad de sus políticas y la forma de hacerlas efectivas.

Este modus operandi funciona democratizando la idea del propietario especulador, haciendo de cada ciudadano, un potencial empresario de su vivienda o de la que aspire a conseguir. La extensión de esta idea y su práctica han conseguido que durante un tiempo, la posibilidad del ascenso social venga asociada a la capacidad negociadora del individuo y no a la extensión de derechos colectivos y al desarrollo de una cultura democrática que valore lo público. Esta operación de derechización social apoyada en la ideología del propietario, funciona siempre y cuando, se pueda especular un poco más. La corrupción entonces, no es una simple consecuencia del capitalismo-casino, pues también es el lubricante necesario que permite su puesta en práctica. El hilo conductor entre políticos del régimen, especuladores y constructores se ve perfectamente reflejado en los papeles de Bárcenas, donde muchos de los donantes reciben hoy las contratas de los hospitales madrileños en vías de privatización. Corrupción —sistémica— es también que el vicepresidente de la CEOE, Arturo Fernández, cuente con la concesión de las cafeterías en instituciones públicas tales como Universidades o Ministerios, al mismo tiempo que arremete contra todo lo que suene a público, aunque sea este sector su mayor pagador.

Cuando toda una casta empresarial —los Rosell, Fernández, Ferrán— y financiera —bancos, fondos de inversión—, se apoya sobre una casta política del régimen totalmente alejada del sentir ciudadano para traficar con la riqueza y los servicios públicos, hablar de corrupción, es hablar de la descomposición de todo el edificio político tal y como se ha planteado. Por lo tanto, la corrupción no se reduce sólo a personas con apellidos, sino que responde más bien a una práctica generalizada y asentada, que acaba erosionando la legitimidad y la moralidad de una transición que se remonta al 78. Todo el régimen político en su conjunto ve alterada  su composición, lo cual, no tiene porqué traducirse mecánicamente en una transformación social en beneficio de los de abajo, o responder a una situación pre-revolucionaria.

Esta coyuntura de crisis generalizada puede entenderse también como una crisis de la propia autoridad, cuando ésta, ya no es capaz de presentarse como clase dirigente porque no puede establecer un mínimo consenso y únicamente se mantiene por medio de la dominación coactiva y represiva en última instancia. La lumpen-oligarquía deja de guardar apariencias y se presenta en carne viva, directamente como una mafia. Cuando ya no se dirige y sólo se domina, las formas e ideologías hasta ahora instaladas en el imaginario y el hacer cotidiano se tambalean, abriéndose el campo a lo impredecible. En este tiempo no determinado, en este ya no es lo de antes pero todavía tampoco es lo que viene, se da la apertura a lo impredecible y con ello, la posibilidad del surgimiento de nuevas combinaciones, de nuevos modelos frente a la dificultad de restaurar lo viejo conocido por la vía coercitiva. Impedir que una de estas salidas desemboque en la ciénaga berlusconiana donde  UPyD o una impredecible Aguirre,  tendrían un papel degenerador de la democracia, es una tarea fundamental.

Pero esta crisis de autoridad que se convierte ya en crisis del régimen constituido, el del 78 en nuestro caso, afecta por igual y quizás en primer lugar, a las izquierdas que han encontrado dentro del régimen político un lugar donde ubicarse. A favor tienen, quizás a pesar suyo, que no se encuentran del todo insertadas en el régimen, lo que podría convertirse en una fortaleza si se sabe aprovechar en la dirección adecuada. El momento histórico-político que tenemos delante, no presenta la posibilidad de actuar según la cosmovisión y el discurso elaborado de forma prefabricada, ajustado más a una creencia que a una realidad material contrastable. Así las cosas, la única certeza con la que podemos contar con seguridad es que al no haber elegido la situación, la crisis descorre la cortina cuando estamos aún desnudos dejándonos sin capacidad en un primer tiempo, para proponer alternativas y relatos a la desorientación generalizada. Aun así, es de imperiosa necesidad detener y apartar de las vías un tren que camina directo a la colisión, explorando otras nuevas, una vez que consigamos frenarlo y evitar la debacle. La vía que deberemos tomar no pasa por revivir fórmulas que responden a tiempos, realidades y composiciones muy diferentes como eran los “frentes de masas”. Hoy no existen las organizaciones de masas propias del siglo XX, como tampoco la realidad antagonista se define por una limitada e insuficiente apelación a la unidad de la izquierda.

Reunir todo lo existente bajo el paraguas de la marca “izquierda”, centraliza, por un lado la pluralidad y al mismo tiempo resulta ser poco operativo políticamente. Desbordar los marcos discursivos incrustados en la izquierda, significa darle un nuevo sentido a  la potencia que en su tiempo ésta pudo tener. Rechazar otra posibilidad e interpretar automáticamente en ella  una deriva antipolítica o incluso fascista, supone un grave error político que destila rigidez, conservadurismo y en consecuencia, la creencia en que las metáforas y los símbolos son un ente atemporal y no fruto de los tiempos materiales y personas que las originan. Lenin llevó a Marx a Petrogrado, no por repetir salmos, sino a pesar de los insultos y de toda clase de acusaciones recibidas por parte de las pasiones más tristes. Lo mismo se podría decir de la revolución cubana, o de los actuales procesos latinoamericanos que han encontrado en la izquierda oficial  un actor con poca cintura política cuando no un obstáculo.

En estas condiciones ser responsables no puede significar otra cosa que colocarse a la ofensiva y romper con los buenos modales y las formas educadas; ser responsable es hoy más que nunca romper con los de arriba y abrirse a los de abajo, pero sin repetir supuestas verdades que se justifican en sí mismas y nos posicionan más cerca de la parroquia que de la política. Hoy, la idea de la democracia es inseparable del impago de la deuda, de la ruptura y la detención del empobrecimiento y la destrucción social del país. Necesitamos aplicar una triple A de la deuda usando criterios distintos a los que suelen imponer las agencias de rating: Auditoría, Anulación, Alternativas son nuestra AAA. Colocar a la deuda en el centro del debate es hacer hincapié en el acceso a la vivienda, los servicios públicos y en pensar la flexibilidad laboral no como precariedad o paro, sino como el acceso a un ingreso continuo cuando los trabajos son discontinuos.

Protestas y mareas, deben ser a la vez funcionales en sus propios ámbitos y  protagonistas de un cambio, pues representan el verdadero valor de la política a través del conflicto. La presencia de nuevas candidaturas y organizaciones en las instituciones y el desarrollo de instituciones democráticas propias del movimiento no tienen porqué ser incompatibles, es más, ambas deben retroalimentarse en un proceso de envergadura constituyente. Esto no sucederá tal y como hasta ahora viene entendiéndose esta relación; el odio a la democracia que practican las élites europeas y españolas sólo podrá combatirse si se tiene en cuenta esta combinación. Movilización, democracia y candidaturas que consigan reunir e interpretar de forma viva el conjunto de aspiraciones y frustraciones sociales en clave de democracia radical serían las distintas facetas de un enorme ¡sí se puede!

Jorge Moruno
Sociólogo y autor del blog larevueltadelasneuronas.com
Juan Domingo Sánchez Estop
Filósofo
Público.es

lunes, 18 de febrero de 2013

¿Están las desigualdades disminuyendo?

Este artículo critica la tesis promovida por economistas neoliberales, que gozan de grandes cajas de resonancia mediática, de que las desigualdades en el mundo han disminuido como resultado de la aplicación de políticas neoliberales.

Una tesis frecuentemente promovida por economistas de sensibilidad liberal que tienen grandes cajas de resonancia en los medios, como el economista Sala i Martín, es que, resultado de la aplicación de las políticas públicas de corte neoliberal (que incluyen todas ellas una gran desregulación de los mercados financieros, comerciales y laborales) el mundo ha experimentado un gran crecimiento económico, con una disminución de las desigualdades sociales. A fin de apoyar tal tesis, dichos economistas señalan que el número de personas viviendo en países pobres ha disminuido, y ello como resultado de los supuestos “milagros” económicos de China e India (que suman juntos más de un tercio de la población mundial). Ni que decir tiene que tal “milagro” se atribuye a la aplicación de la doctrina neoliberal en estos dos países.

Tal teoría, sin embargo, tiene serios problemas por falta de evidencia que la sostenga. En primer lugar, las elevadas tasas de crecimiento de las economías china e india no pueden atribuirse a políticas neoliberales. En realidad, el Estado en ambos países juega el mayor protagonismo en la vida económica del país. El Estado, por ejemplo, controla la provisión de crédito en ambos países. Ver estas políticas como neoliberales es un exceso de subjetividad que no cubre la realidad objetiva que se muestra en los hechos. Los puntos claves del capital financiero y económico continúan en manos o bajo la dirección del Estado.

Pero el agujero más sustancial en este argumento de que las desigualdades están disminuyendo es que tal tesis toma la diferencia de ingresos promedios entre los países como el indicador de que las desigualdades han aumentado o disminuido. Tomar los promedios es, sin embargo, altamente insuficiente e incluso erróneo. Una persona se puede ahogar en un río que tiene sólo un palmo como promedio de profundidad. Tal río puede tener muchos tramos en que esté prácticamente seco, mientras que en otras puede llegar a tener más de tres metros, que es donde la gente se puede ahogar. Tomar el promedio como medida evita conocer la distribución de los ingresos, que es precisamente el indicador más importante para medir las desigualdades. Las desigualdades entre países pueden disminuir, y a la vez, las desigualdades dentro de cada país pueden aumentar, de manera que cuando consideramos las desigualdades totales, estas últimas pueden haber aumentado, que es precisamente lo que ha estado ocurriendo en los últimos treinta años, en parte, resultado de la aplicación de las políticas neoliberales.

Veamos los datos. En EEUU, según datos del Congressional Budget Office, la riqueza del 1% de la población con mayores ingresos (los súper ricos) es de 16,8 trillones (americanos) de dólares, que es 2 trillones (americanos) superior a la propiedad del 90% de la población. Es más, los súper ricos (este 1% de la población) han visto aumentadas sus rentas en los últimos treinta años un 229%, mientras que para la mitad de la población estadounidense, las rentas han aumentado sólo un 6%. Utilizar el promedio como indicador de la riqueza y del nivel de renta de un país, ignora la enorme concentración de la riqueza y de las rentas que ha ido ocurriendo en la mayoría de países como resultado de aquellas políticas neoliberales.

Otro dato. La distancia entre el salario del director delegado de una empresa y el de su empleado promedio, era 35 veces mayor en 1974, 42 veces en 1980, 84 veces en 1990, 135 veces en 1995, 400 veces en 1998 y 531 en el 2000. Los ingresos de las cúspides han crecido mucho más rápidamente que el resto de la población en aquellos países, dato que no aparece cuando comparamos la situación en varios países, tomando el promedio como el punto de referencia. No se toman en consideración las desigualdades dentro de cada país. En realidad, si se considerara a todo el mundo como un solo país, veríamos que las desigualdades a nivel mundial han crecido de una manera muy marcada. Y ello como resultado de la enorme concentración de rentas y de riqueza estimulada por tales políticas neoliberales.

Y la crisis actual ha empeorado todavía más esta situación. La crisis está beneficiando a los súper ricos de una manera muy notable. Según el World Institute for Development Economics basado en Helsinki, el 1% de la población con mayores rentas a nivel mundial (los súper, súper ricos) es 2.000 veces más rico que el 50% de la población mundial. Las desigualdades a nivel mundial están, pues, creciendo, no disminuyendo.

Vicenç Navarro

domingo, 17 de febrero de 2013

Del sacrificio al cinismo: el mundo como mercancía

La «economía política del sacrificio» no significa otra cosa que la producción de una economía de la carencia articulada a una economía del excedente (1). El sujeto sacrificial, sustraído de la penuria a la que condena al Otro, es beneficiario de un sistema de prebendas y corrupción estructural que lo hace, literalmente, indiferente ante el sufrimiento ajeno. No se trata de un mero desvío o perversión sistémica; al contrario: estas prácticas son constitutivas del capitalismo. 

Así pues, el «sacrificio» que exige el neoconservadurismo tiene una dimensión necesariamente encubridora: su retórica del ajuste infinito exime a los poderes económico-financieros y político-institucionales de lo prescripto. A nivel nacional, mientras sus defensores exigen cada vez nuevas renuncias colectivas en nombre de la austeridad, transfieren recursos públicos billonarios a la banca privada, sostienen los privilegios institucionales de la monarquía, el parlamento y la iglesia católica y prosiguen con un saqueo estructural que nadie parece poder (o querer) detener, como no sea mediante la movilización permanente de los propios damnificados. De forma más global, las políticas del expolio convierten a diversos gobiernos nacionales en meras agencias de un capital trasnacional concentrado, completamente fuera de control. Aunque los modos de operación de esta «gobernanza corporativa» mundial son múltiples, en cualquier caso están ligados entre sí por la disposición ilimitada a sacrificar crecientes masas marginales, en simultáneo a la consolidación de un proceso extraordinario de acumulación económica y de un férreo régimen de control ideológico que adquiere de forma paulatina un cariz totalitario. 

Si el sacrificio en el mundo trágico suponía aún una ética heroica (en la que el protagonista estaba dispuesto al autosacrificio en nombre de un bien mayor), en este caso se trata de una ética cínica, en la que el sujeto sacrificial sabe de sobra el mal que produce y, sin embargo, no desiste de provocarlo en nombre de un bien privatizado. El carácter sagrado del sacrificio, ligado a un sentido religioso, queda reconfigurado de forma radical: la sacralización de una metafísica (o un evangelio) mercantilista. El sometimiento a un gran Otro ya no se hace en nombre de una donación incondicional sino del cálculo de un rédito. La rendición a los mercados convertidos en “autoridad” que sanciona la legitimidad de los sacrificios (recortes, privatizaciones, reforma laboral, reforma de pensiones, salvatajes financieros, amnistía fiscal, desahucios, restricción en el acceso a prestaciones sociales y al sistema sanitario, etc.) no se hace en función de una convicción profunda en el bienestar general sino en la conveniencia particular de sus mandatarios. El devenir-dios del mercado instala una dogmática en la que la ofrenda nunca será suficiente.

En un doble movimiento, el discurso neoconservador por una parte resemantiza el «sacrificio» como fórmula para reequilibrar un sistema económico supuestamente marcado por el “derroche” y por otra parte no hace otra cosa que desequilibrar más todavía una formación social sobre-endeudada, multiplicando tanto las desigualdades socioeconómicas como las asimetrías culturales. La falsa fatalidad de estas decisiones, invocada como remedio ante un mal infinitamente mayor, produce una sociedad polarizada. En nombre de la libertad de mercado se reproduce una auténtica servidumbre política: la lógica de lo ineludible reduce de forma brutal otras alternativas políticas a la nada. 

En estas condiciones, la consolidación de un «estado de excepción» tiene un sentido preciso: ser garante de unas políticas que habitualmente encontrarán resistencias populares más o menos organizadas. La liquidación ideológica de lo político, manifiesto como tecnocracia, se transforma en una “gestión de la crisis” orientada a restablecer la rentabilidad privada de los grandes grupos económicos, incluyendo los sectores de la banca, la industria bélica o las empresas de seguridad. 

En síntesis, el actual bloque hegemónico hace un uso cínico del «sacrificio» para legitimar una de las mayores transferencias de recursos públicos a manos privadas: en tanto «ideologema» instala como inexorable la apropiación indebida de la riqueza social por parte del sistema financiero y las grandes corporaciones trasnacionales. Apenas hace falta insistir en que no hay ningún límite interno al capital que pueda detener esta conversión espectral del mundo en una mercancía de gran magnitud. Forma parte de la estructura del capitalismo globalizado reclamar nuevos sacrificios para los otros mientras custodia sus ingentes beneficios privados. 

Un «sacrificio» así institucionalizado, por más que se empecine en mistificar el crimen como cosa inexorable, apenas puede ocultar su carácter apócrifo. Se trata, ante todo, de un juego de máscaras, producto de un supuesto «pecado original» o un exceso precedente: la indisciplina, el derroche improductivo, el consumo excesivo de las clases populares, la falta de hábitos de ahorro, etc. El peso muerto de la historia termina aplastando millones de vidas, mientras los presuntos redentores de la humanidad están convirtiendo el mundo en un desierto. Lo que anacrónicamente es llamado “primer mundo” está asediado por todas partes. Exceptuando las elites mundiales -y sólo hasta cierto punto, en la medida en que logran encapsular el riesgo- nadie está a salvo. El mundo como escombrera se desborda cada día: el dique de los estados-nación hace tiempo ha reventado y ha dado lugar a un juego sin más ley que la que establecen nuestros amos sin rostro. 

Las diez “plagas” que menciona Derrida (2) no cesan de multiplicarse: i) el “paro” en mercados desregulados, ii) la “exclusión masiva de ciudadanos sin techo”, iii) la “guerra económica” sin cuartel intracomunitaria e intercontinental, iv) las contradicciones entre “mercado liberal” y “proteccionismo” de los estados capitalistas, v) la “agravación de la deuda externa” y sus efectos en la propagación del hambre, vi) la “industria y comercio de armamentos”, vii) la extensión incontrolable de “armamento atómico”, viii) las “guerras interétnicas” en sentido amplio, ix) el poder creciente de las mafias y el narcotráfico y x) el estado del “derecho internacional” dominado por estados-nación particulares. A esas plagas habría que agregar al menos otras tantas: xi) la expansión de la corrupción estructural extendida en instituciones económicas y políticas fundamentales, xii) la peligrosa primacía de la economía financiera por sobre la economía productiva, xiii) el relanzamiento del neocolonialismo (nuevas guerras, asesinatos selectivos, detenciones ilegales, torturas, intervenciones “humanitarias”, etc.), xiv) la institucionalización del estado policial (y la correlativa suspensión selectiva de los derechos humanos), xv) la propagación de proyectos tecno-militares no convencionales a escala mundial de alcance impredecible (drones, geoingeniería y nanotecnología militar, ciberterrorismo, etc.), xvi) el fortalecimiento de los oligopolios mediáticos, el creciente control informativo y la falta de diversificación de las industrias culturales masivas, xvii) la destrucción irreversible del medioambiente, xviii) los déficits estructurales de una democracia parlamentaria dominada por el bipartidismo, xix) la consolidación de las alianzas entre estados y corporaciones trasnacionales y xx) la escalada del racismo y la xenofobia, especialmente en Europa y EEUU. 

El inventario necesariamente es incompleto. Lo decisivo es el efecto global que producen en nuestro mundo social actual, intensificando la represión de lo político como instancia democrática en la que lo social dirime sus conflictos. Al respecto, es pertinente preguntar si este proceso no está conduciendo a la mundialización de un régimen de control que difumina (sin disolver de forma completa) la distinción entre «democracia» y «totalitarismo». Tanto la fabricación en serie de sujetos confinados a la categoría de «sobrante estructural» como la persecución jurídico-policial de la alteridad señalan en esa dirección.

Ante los escombros del capitalismo, sus responsables centrales responsabilizan a quienes son aplastados o sobreviven bajo ellos. La argamasa ideológica del sistema, elaborada en una multiplicidad de instancias institucionales, empezando por los massmedia, se monta sobre una coartada: los damnificados no existen. Sólo es una cuestión de competencias (en su doble acepción de «capacidad» individual y «lucha» interindividual sujeta a las “reglas de mercado”) [3]. 

Ahora bien, ¿qué clase de sacrificio es éste que sustrae lo “propio” de la condición de sacrificabilidad, incluso si para ello debe construir un blindaje de impunidad? ¿No es precisamente esa sustracción la que revela la estructura apócrifa de este “sacrificio”? La respuesta es positiva: se trata de un pseudo-sacrificio. No está a la altura de la exigencia infinita de darlo todo, incondicionalmente

En suma: la retórica sacrificial no sólo es éticamente inconsecuente, sino políticamente devastadora (4). Esta inconsecuencia devastadora hace manifiesta su estructura cínica. Dicho de otra manera: sé de sobra que aquello que elevo a universalidad es la máscara de un interés particular y, aún así, lo hago. Es exactamente la fórmula del cinismo que Sloterdijk plantea: lo saben y aun así lo hacen (5). El presupuesto de esta práctica reflexiva es que el Otro no importa o, peor aun, que es despreciable. 

Tanto los ideólogos neoconservadores como los defensores de la socialdemocracia constituyen ejemplos de este cinismo ilimitado en el que vivimos y tanto más lo son cuanto más llaman a una confianza en el futuro, al consuelo venidero, al abanderamiento en una esperanza metafísica resguardada (o separada) de la historia del presente. La sociedad del sacrificio es una sociedad de la catástrofe: hasta el arrase se plantea como una oportunidad de negocios. 

Así pues, en el actual umbral histórico, la crítica al neoconservadurismo ha de articularse a una “crítica de la economía política” más general. El devenir catastrófico en nombre de un presunto sacrificio necesario forma parte del cinismo extendido a nivel mundial. Sabemos de sobra que la posibilidad de una inclusión social satisfactoria es nula en las condiciones del presente. Eso no impedirá que los planes sigan su curso indiferente. La «periferia interior» del capitalismo cubre zonas cada vez más extensas del planeta e instituye la realidad de «ciudadanías periféricas». No hay posibilidad alguna de transformar esa realidad si no subvertimos tanto la economía política que la sostiene como la cultura cínica que la hace concebible a nivel ético-político. Investigar de forma crítica ese cinismo hegemónico es parte de la tarea interminable de imaginar una sociedad en la que el goce no asiente en el crimen.


Notas:
(1) «Falta» y «exceso» no son simples términos de una contradicción lógica; están coimplicados de forma indisoluble como consecuencia de un antagonismo de clase que, en las condiciones del presente, no hace sino agravarse.
(2) Derrida, Jacques (2012): Los espectros de Marx, Trotta, Madrid, pp. 95-98.
(3) Lo social queda reducido a un escenario de competición y las desigualdades a meros efectos de esfuerzos diferenciales, esto es, a “consecuencias naturales” de la división entre “ganadores” y “perdedores”. La interpretación meritocrática, desde luego, tiene que ocultar de forma sistemática las condiciones materiales de actuación, marcadas por asimetrías radicales de poder. En esta lectura, los jugadores que conocen las cartas marcadas (los que hacen trampa) son aceptados como legítimos ganadores.
(4) El proceso de pauperización social que afecta a una parte creciente de la población mundial es una consecuencia necesaria de una economía política semejante. Jóvenes y personas mayores, discapacitados y dependientes, desahuciados y desempleados, inmigrantes y refugiados, víctimas de la violencia de género o de la homofobia: todos forman parte del ejército subalterno potencialmente sacrificable.
(5) Para un abordaje histórico-filosófico del cinismo, puede consultarse Sloterdijk, Peter (2003): Crítica de la razón cínica, Siruela, España. 

Arturo Borra
Rebelión
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=163831&titular=del-sacrificio-al-cinismo:-el-mundo-como-mercanc%EDa-

viernes, 15 de febrero de 2013

El 16 de Febrero no sólo defendemos la vivienda: Defendemos la democracia.

1.- La Comparecencia de Ada Colau, portavoz de la PAH, en el Congreso de los Diputados con el fin de defender la Iniciativa Legislativa Popular elaborada por la Plataforma y firmada por mas de medio millón de personas supone un punto de inflexión en el largo camino de la lucha contra los desahucios y el endeudamiento. Por primera vez escuchamos a alguien en el congreso hablar el lenguaje de la otra política que hemos acariciado desde las calles. No fue ningún representante político, sino la expresión de una identidad colectiva llamada Plataforma De Afectados y Afectadas por la Hipoteca. La comparecencia hizo algo simple y definitivo: llamar a las cosas por su nombre. Quienes echan a la gente de sus casas son unos criminales. Quienes estafan con las preferentes son criminales. Quienes los defienden desde el congreso son criminales. Quienes lo justifican desde los medios son criminales. 
 
2.- Cuando decimos que son criminales no lo decimos con ánimo de insultar, hablamos de los beneficiarios directos de las tramas de corrupción que se han desvelado durante las últimas semanas: hablamos del gobierno, hablamos de responsables de constructoras, hablamos de Rato, hablamos de los 33 de Bankia, hablamos de quienes han ejecutado las políticas que nos han llevado a esta situación, quienes diseñaron la burbuja inmobiliaria, quienes se enriquecieron con ella, quienes permiten el genocidio financiero, los suicidios, etc.

La corrupción no es una excepción en este proceso, la corrupción es la médula espinal del mismo. Cuando los criminales gobiernan, decirles a la cara lo que son es una cuestión de democracia. Por eso creemos que el próximo 16 de Febrero no vamos a salir a la calle masivamente a defender exclusivamente el derecho a la vivienda, sino que defenderemos la democracia.

3.- El 16F la PAH nos convoca a manifestarnos y defender la ILP y sus puntos básicos irrenunciables, los consensuados por la plataforma y ratificados por millones de personas con su firma: Dación en Pago Retroactiva, Alquiler Social y Stop Desahucios.

Pero el 16F nos convocamos también para avanzar en la destrucción del gobierno Zombie, el gobierno que mientras declara la ILP “obsoleta” se consume en su propia obsolescencia. Nos convocamos porque el derecho a la vivienda y la democracia, la justicia, la transparencia, no son elementos aislados. No son compartimentos estancos. Ahora que salen “regeneradoras” de la democracia recordamos que sin derechos no hay democracia posible, que sin una vida digna no hay democracia posible, que sin control ciudadano de las políticas de los gobiernos no hay democracia posible.

Recordamos que cuando La PAH para desahucios, cuando negocia una dación en pago, cuando asesora a una familia, cuando ayuda a la autoorganización de una comunidad, cuando elaboración una Iniciativa Legislativa Popular, cuando ocupa una vivienda, etc., está haciendo democracia. Está construyendo la democracia con las manos y el cuerpo.

Y el 16 de Febrero vamos a poner el cuerpo en la calle.

 Madrilonia.org

miércoles, 13 de febrero de 2013

Los que mandan en España: ¡¡chorizos!!

No hay tiempo para digerir, existe una indigestión general en la ciudadanía, un hartazgo de información que nos repite, corrupción acá, al norte, al sur, en todas di­recciones. Por la mañana, nos enteramos que la cúpula del Partido Popular (PP) lleva años cobrando sobresueldos en dinero negro; a mediodía nos apuntan que el primogénito de Jordi Pujol, ex presidente de la Generalitat de Cataluña, actual secretario general de Convergencia, cobra comisiones para financiar su organización. A la hora del café, nos dicen que la Comunidad de Madrid paga las nóminas de los trabajadores de las empresas privadas de la sanidad, mientras recorta personal sanitario, a la merienda, nos atragantamos con que la ministra de Sanidad, Ana Mato, a la sazón redactora del código ético del PP, ha cobrado en especie más de 60 mil euros. Bolsos de marca, viajes al extranjero, fiesta de cumpleaños de hijos y la primera comunión. En la noche nos dicen que su ex marido, ex alcalde y destacado militante del PP, Jesús Sepúlveda, mientras compartían lecho, recibió de la trama Gurtel, en pago de favores, dos coches de lujo, un Jaguar y un 4X4. Ella no responde. Sus correligionarios acusan de machista la información, al decir que no tiene por qué saber lo que hace su esposo ni es responsable de sus actos. Cuando estamos a punto de entrar a la cama, el yerno del rey Iñaki Undangarín está deprimido. Su abogado dice que sufre un empobrecimiento injusto, al pedirle el juez una fianza de 8 millones de euros, por apropiación indebida. Eso sí, nos confirman el doping en el ciclismo, la compra de partidos de futbol, el indulto a guardias civiles acusados de tortura, el archivo de las investigaciones sobre la violencia policial en las manifestaciones. Para tranquilizarnos nos dicen que el gobierno gobierna, que todo marcha bien, que es una campaña orquestada por enemigos de España, destinada a dañar la imagen del país. Antes de apagar la radio, Rajoy no está para nadie. No habrá comparecencia parlamentaria ni comisiones de investigación. El PP tiene mayoría parlamentaria y se escuda en ella para rechazar toda petición. Eso sí, habla con Angela Merkel y lanza loas a su ministra de Sanidad.
 
Al día siguiente la cosa no mejora. Las noticias abren con más escándalos. El ex tesorero del PP se acogió a la amnistía fiscal decretada por el gobierno para lavar dinero: 22 millones de euros en bancos suizos. ¡No puede ser! ¡Sí! El ahora ex tesorero y militante del PP Luis Bárcenas, sigue, no se sabe por qué, ocupando un despacho en el partido. Mientras, los dirigentes implicados en los sobresueldos ilegales hacen piña y lo niegan. Pero hay deserciones y el ex presidente del senado Pío Escudero dice que Bárcenas sí le dio dinero y las cifras del dietario son correctas. Eso sí, nos enteramos de que la secretaria general del PP, una de las abanderadas de los recortes, es la política mejor pagada de España: más de 200 mil euros. Cobra de su partido, del Senado y como presidenta de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha; para rematar, no deja de percibir los mil 634 euros por trienios, es, nos aclaran, por ser abogada del Estado.

Es momento de descansar, imposible. Nos anuncian nuevas medidas de austeridad. No se escapa nadie. ¡Sí! Hay quienes no sufren las políticas de ajuste: el PP. Mientras Caritas, organización católica, cuya acción en tiempos de crisis ha sido paliar las condiciones de pobreza, ve reducir las subvenciones públicas, el partido en el gobierno aumenta sus caudales. La diferencia, casi 40 millones de euros. Me largan la noticia, de que mientras la Comunidad de Madrid despide a profesores, enfermeros, cierra centros de salud y no aplica la ley de dependencia, por encontrarse en bancarrota, en acto de generosidad mantiene asesores y los aumenta, entre ellos Ángel Carromero, el militante del PP sentenciado en Cuba por homicidio imprudente a cuatro años de cárcel. Nada más llegar a Madrid y quedándole más de mil días de cárcel, pasa 13 preso y sale a la calle. El sueldo no se hace público. La celeridad para traer a Carromero a España no es compatible con la lentitud, desidia o simplemente abandono hacia el resto de españoles condenados en otros países, ellos no cuentan con los abogados del PP ni el aval de Esperanza Aguirre. Si­go: me entero de que la ex presidenta de la Co­munidad de Madrid, quien llorando dijo que se quería dedicar a su familia, disfrutar de la vida, pidiendo su reincorporación en la administración pública, no hace nada de lo dicho. El sueldo de funcionaria seguramente, tras los recortes, no le satisfizo. En primera línea de fuego es contratada de consultora por empresa privada. ¿Tráfico de influencias? ¿Pago a servicios prestados? Ella no tardó en conseguir trabajo. La suerte de hablar inglés, dice.

¡A la calle! Todos los días se producen miles de despidos y los que sobreviven ven reducir su salario en proporciones insospechadas. Bankia, por ejemplo, una de las cajas de ahorro intervenidas y rescatadas con más de 20 mil millones de euros, despide a 4 mil 500 personas y reduce 40 por ciento el sueldo al resto de la plantilla. En tanto, se anuncia el repago sanitario, la privatización de hospitales y el cierre de los centros de salud y las urgencias nocturnas en pueblos de toda España. Esto último, argumentando que son poco rentables, acuden pocos pacientes, transformados en usuarios, en turno de noche. Y uno piensa, tampoco son muchos los usuarios que acuden por la noche a las iglesias, estaciones de tren, aeropuertos y no por ello se clausuran. No hay tiempo de reflexionar. Otra noticia: el gerente, director de gestión y la subdirectora de personal del Hospital Universitario Puerta de Hierro, hoy con administraciuón privada, son miembros de una mutua privada del sector y pertenecen a su consejo consultivo. Agotado, me entero de que el ex consejero de sanidad de la Comunidad de Madrid Juan José Güemes, es parte de la empresa Unilabs, adjudicataria, durante su mandato, de la gestión privada de análisis clínicos. Y para más inri me apuntan que es el marido de Andrea Fabra, la diputada popular que al aprobarse la re­forma laboral exclamó ¡que se jodan! Hija y nieta de los Fabra, imputados en Valencia por corrupción, tráfico de influencia, apropiación indebida. Para acabar el cuadro, los bancos siguen desahuciando y dejando en la calle a cientos de familias cada día. Los suicidios aumentan y el PP decide no firmar la propuesta de ley de dación en pago. Que sigan ganado dinero los especuladores.

Se ha producido un atasco enorme en la vida política del país. Ya no digo vida democrática, pues sería mofarse de su significado, aunque aplicase su definición más reduccionista, la representativa. Pues, de ser así, ¿qué representaría? Los partidos han entrado en descomposición. No se salva ni uno, y cuando digo ninguno, incluyo a la izquierda parlamentaria. Es cierto, en sus filas existen personas dignas de encomio. Pero cada día resulta más evidente el aserto de Robert Michels haciendo hincapié en la oligarquización de las cúpulas partidistas. Quienes controlan los puestos de dirección lo consideran coto privado. Lucran con ellos, haciendo de la política una acción bastarda al margen del sentir de la ciudadanía. Hoy quienes gobiernan en España son serviles empleados del dinero, quienes lo administran, sus dueños o lo poseen en cantidades industriales, empresas y bancos. En fin, mandan ¡¡¡chorizos!!!

Marcos Roitman Rosenmann
La Jornada

lunes, 11 de febrero de 2013

El tratamiento de la vivienda vacía en España

España cuenta en estos momentos con unos 25,5 millones de viviendas, así como con uno de los ratios vivienda‑habitantes más alto de la UE. En función de la fuente que se consulte, tenemos algo más de un millón de viviendas vacías de segunda mano (VVSM), generalmente en manos de particulares de manera muy atomizada; y algo menos de un millón de viviendas en stock (VVS), que son viviendas de promotores o entidades financieras recién construidas, nunca utilizadas y a la espera de comercialización). Es fácil perderse en esta materia, pues las fuentes dan cifras que van desde 2 millones hasta más de 3,5 millones de viviendas vacías. Los datos del nuevo censo del INE, aún por confirmarse, van mucho más lejos y apuntan a 6 millones de viviendas vacías, un 20 % de nuestro parque. Por otra parte, nuestro parque de alquiler supera a duras penas el 10 % del total de viviendas, cuando en la UE la media se sitúa entre el 40 % y el 50 %. Además, nuestro parque público de alquiler está en torno al 0,5 % del total, cuando en la UE lo habitual es que sea entre el 20 % y el 30 % del total de viviendas de un país. Así pues, España es, casi con toda seguridad, el único país de la UE con dos o tres veces más viviendas vacías que en alquiler. Por sí solo, este dato nos debería hacer reflexionar. 
En relación con la VVSM, en España se ha partido siempre de un mito que está aún por demostrar: que las personas que disponen de viviendas vacías en España no las alquilan por miedo a no cobrar, sufrir destrozos en las viviendas o no poder recuperarlas. La realidad es que en el año 2010 solo el 1,5 % de los alquileres en España acabaron en los tribunales (datos del fichero de inquilinos morosos). Así, no parece que las explicaciones al uso sirvan para entender el anómalo comportamiento del mercado de alquiler español en el contexto europeo. Hay que buscar las raíces de nuestro «propietarismo» y alergia al alquiler en los años 50 del pasado siglo —el franquismo entendió que un país de propietarios era mucho menos susceptible de derrocar al régimen que un país de inquilinos— y en el pacto que desde 1956 (nuestra primera ley del suelo) se ha mantenido entre la Administración, el sector financiero y la propiedad del suelo para hacer extraordinariamente rentable la venta de vivienda y muy poco atractivo el alquiler. Las razones de nuestra anorexia arrendaticia no son culturales o técnicas, sino políticas y mercantiles. 
Para tratar de acercarnos a la UE en materia de vivienda vacía (lo que indirectamente supone actuar sobre el mercado de alquiler), en la pasada década se han intentado en España, al menos, tres tipos de estrategias diferentes: el fomento del afloramiento de las viviendas no utilizadas hacia el alquiler, el favorecimiento de los desahucios con la esperanza —a mi juicio, cínica— de que esto dinamice el mercado privado de alquiler, y la penalización de la situación de desuso de las viviendas. 
En relación con la primera, aunque con diferentes niveles de afección a la materia, ha habido cuatro instrumentos de actuación principales: 
1. Ayudas públicas a la puesta en alquiler social de vivienda privada vacía. Hablamos de vivienda previamente vacía y convertida en alquiler accesible. Esto supone beneficios económicos para el propietario, pero también gasto público para conseguir alquileres más sociales y la utilización de un stock con una huella ecológica ya producida. Como principal ejemplo, podemos citar Bizigune en Euskadi o el Avalloguer en Cataluña. 
2. Ayudas públicas a la puesta en alquiler de mercado de vivienda privada —vacía o no—. Hablamos de la asunción por parte de los presupuestos públicos de seguros y avales para que se establezcan relaciones arrendaticias privadas entre arrendadores e inquilinos que fijan precios de mercado. Un ejemplo destacable es la SPA estatal, así como varias agencias locales de intermediación. 
3. Ayudas públicas al pago del alquiler de jóvenes. Hablamos de ayudas públicas al pago del alquiler de jóvenes sin discriminación en función de renta personal o precio del alquiler y con grandes posibilidades de fraude y efectos inflacionistas en ciclo alcista y no deflacionistas en crisis. Como principal ejemplo, podemos citar la Renta Básica de Emancipación estatal. 
4. Ayudas públicas de emergencia para el pago del alquiler a colectivos en riesgo de exclusión social. Se trata de ayudas de emergencia social que no deberían existir si dispusiéramos de un parque de vivienda social en alquiler público que pudiera atender esta y otras situaciones socialresidenciales. Hay varias CC. AA. que disponen de este tipo de ayudas, aunque las cantidades y los destinatarios varían de manera significativa. 
En puridad, solo el primer tipo de programas apunta de forma expresa a la movilización de vivienda previamente vacía hacia el alquiler social, accesible o no de mercado. El segundo busca la dinamización del mercado privado de alquiler, pero sin que los alquileres sean sociales o las viviendas estén previamente vacías. Lo que pretenden los dos últimos programas es crear, entre jóvenes y personas en riesgo de exclusión social, una demanda mínimamente solvente de alquileres a precios moderados, a la espera de que afloren al mercado viviendas privadas (vacías o no) susceptibles de ser alquiladas por estas personas. 
 
En relación con la segunda estrategia ensayada para movilizar vivienda vacía y dinamizar el mercado de alquiler, el favorecimiento de los desahucios, hay que señalar que las dos reformas legales realizadas en los últimos años (leyes 19/2009 y 4/2011, que han reducido las garantías del desahuciado hasta límites vergonzosos) y, sobre todo, la crisis, han producido un inmenso alud de desahucios que en nada han ayudado a incrementar el número de inquilinos en España o a reducir el número de viviendas vacías. Es más, a pesar de los casi 200 000 desahucios —propietarios e inquilinos— que se han producido desde el comienzo de la crisis, España sigue a duras penas en el entorno del 10 % de parque de alquiler. Además, las viviendas vacías no solo no han disminuido, sino que han doblado su tamaño. Un análisis causal erróneo siempre lleva a aplicar medidas erróneas, cuando no contraproducentes. 
Respecto a la tercera estrategia, tímida y discontinuamente ensayada, de penalización de la vivienda vacía, solo dos CC. AA. (Euskadi y Cataluña) trataron en la pasada década de combinar programas públicos de garantía estatal del alquiler para propietarios privados (que incluían ayudas a la rehabilitación, ayudas financieras casi a coste cero, seguros, avales, alquiler garantizado por la Administración, etc.) con las penalizaciones como instrumento de ultima ratio. Concretamente en el caso de Euskadi, se ha legislado la expropiación de las viviendas vacías, que empezó a realizarse en el caso de viviendas protegidas vacías, y se trató de dar respaldo legal a un canon parafiscal sobre la vivienda vacía, así como a la venta forzosa de las viviendas vacías. No obstante, no se consiguieron aplicar estas dos medidas, pues la ley en este punto fue rechazada por PNV, PSE y PP. En el caso de Cataluña, su aún vigente ley de vivienda (Ley 18/2007) prevé un sistema en el que si las viviendas vacías privadas, a las que durante varios años se les ha ofrecido todo tipo de ayudas públicas para su rehabilitación y alquiler garantizado, se rechazan y están en un área de acreditada necesidad de vivienda, pueden finalmente ser objeto de expropiación temporal del usufructo. O lo que es lo mismo, pueden ponerse en alquiler público forzoso. La norma será derogada en unas semanas por el nuevo gobierno de CiU, con el apoyo de su socio preferente el PP y sin que disguste mucho al PSC. 
Este tipo de medidas, francamente pacatas si se comparan con el derecho europeo, han sido aplicadas en un número muy reducido de casos y han dado lugar a ríos de tinta en los medios de comunicación. Buena parte de los partidos y medios españoles, como ya he señalado, defienden que la propiedad privada es sagrada. No se sabe si desconocen el contenido de nuestra Constitución en este punto o si se hacen interesadamente los despistados. La realidad es que, como hemos reseñado, nuestra Carta Magna constitucionaliza la función social de la propiedad, la subordinación de toda forma de riqueza al interés general y la intervención pública en la economía. No admite debate que nuestro Tribunal Constitucional haya respaldado claramente la constitucionalidad de las leyes de Andalucía y Extremadura de fincas rurales y urbanas de rendimiento manifiestamente mejorable (incluían cánones parafiscales e incluso la expropiación). Tampoco el hecho de que el Consejo Consultivo de Cataluña haya respaldado la estatutariedad de la polémica expropiación temporal del usufructo de las viviendas vacías que rechazan ayudas públicas y permanecen vacías en zonas de acreditada necesidad de vivienda de la Ley 18/2007. 
Acabo estas notas con un apunte sobre las VVS. Son uno de los restos del estallido de nuestra burbuja inmobiliaria y, como tal, deberían ser asumidos (en forma de pérdidas) por parte de promotores y entidades financieras. 
Lo que ha ocurrido en otros países con problemas similares es que las entidades financieras han puesto en el mercado de venta y alquiler ese stock de viviendas a unos precios moderados, de forma que les han dado salida. Esto implica reconocer pérdidas, pero permite seguir adelante con la lógica económica del mercado: volver a dar crédito para la compra de suelos, urbanización, edificación, venta, hipoteca, alquiler, etc. Sin embargo, nada de esto ha ocurrido, ni parece que vaya a ocurrir en España. Los activos tóxicos inmobiliarios privados, que ascienden a más de 150 000 millones de euros (el 15 % del PIB anual español), han sido objeto de todo tipo de ayudas públicas por parte del contribuyente, lo que ha aprovechado el sistema financiero para preservar sus beneficios, seguir especulando con otros productos financieros, no restablecer el crédito y congelar el valor de los activos tóxicos inmobiliarios en los precios y expectativas del año 2007. 
A finales del 2007 diversos expertos pidieron al Estado que adquiriera parte de las VVS de promotores, cajas y bancos para crear un parque público de vivienda en alquiler. El Gobierno consideró la idea muy cara y poco factible. Desde entonces, el flujo de dinero del contribuyente hacia el sistema financiero es inmenso[1], no se ha recibido ningún tipo de contrapartida (refluir del crédito, viviendas y suelos para el Estado, etc.), los activos tóxicos inmobiliarios continúan congelados a la espera de un banco público malo que se haga cargo de todas las pérdidas, los desahucios se cuentan por cientos de miles, y el suelo y la vivienda siguen teniendo unos precios artificialmente altos en España. 
Sinceramente, no acabo de entender las razones por las que España, un país que ha hecho docenas de convergencias sectoriales con la UE y que lidera algunas actividades a nivel planetario, es incapaz de converger con la UE en lo que se refiere a la vivienda vacía, el alquiler, la rehabilitación y la vivienda pública. Nuestro rechazo de la eficacia y la eficiencia es casi un asunto de salud mental colectiva. Mucho es el poder del complejo inmobiliario‑financiero. Grande es el servilismo de nuestros políticos. No menor es la tentación de la inercia. Quimérica es la esperanza de la vuelta a los «buenos tiempos pasados» del ladrillo patrio. Innegable es cierta anemia de la academia española en el análisis de estos problemas. Afortunadamente, grupos casi heroicos, como la Plataforma por una Vivienda Digna y VdeVivienda de antaño; y hoy el movimiento 15M, Democracia Real Ya y, sobre todo, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, han contribuido a que parte de la población en España considere que un país con millones de viviendas vacías, casi sin viviendas de alquiler, sin parque público de vivienda y con cientos de miles de personas desahuciadas es un país enfermo que debe ser sanado. Eso sí, aún está casi todo por hacer. Empezando por vencer en este debate que primero es cultural, después será político y finalmente requerirá financiadores, profesionales, empresarios, funcionarios y Administraciones a la europea en materia de vivienda. En nuestras manos está…

Javier Burón Cuadrado  es miembro de Ekiten Thinking
Revisión y corrección de estilo del texto a cargo de Sara Hernández Pozuelo
Paisaje Transversal
 

domingo, 10 de febrero de 2013

Desempleo, una epidemia que recorre al mundo

Los dueños del capital y del poder político, ven en los trabajadores/as una mercancía, no ven seres humanos con deseos y necesidades. Ellos son un recurso más, una oportunidad de corta duración para acrecentar sus fortunas. Los trabajadores/as son obligados por las fuerzas del capital a vivir a condición de encontrar trabajo y permanecer a merced de una lógica en la que solo se puede ser productor o consumidor, aunque sea por pocas horas o días. La explotación de un individuo por otro, se convirtió en explotación de naciones enteras convertidas en sociedades marginales. Hoy las transnacionales y los empresarios globales, que no son más del 1% de la población del mundo, representan a la clase social que aprendió a despojar a los trabajadores/as incluso de la opción de ser explotados de manera directa, los convierten en desempleados y salvan sus responsabilidades aduciendo que son efectos propios de la imperfección de los mercados.
 
Desempleo no es solo la carencia de trabajo remunerado, ni la negación de ingresos producto de la fuerza de trabajo, es un eslabón en la cadena de agresiones contra la humanidad, que vulnera prácticamente todos los derechos constitutivos de la dignidad humana. El desempleo afecta la salud mental, genera depresión, ansiedad, trastornos, alimenta las filas de las guerras e incrementa los suicidios. 2013 comenzó con cerca de 200 millones de desempleados, gran parte en los mismos países que presentan del lado de los dueños del capital sostenidos niveles de crecimiento de sus economías. Dos de cada tres desempleados son jóvenes y 75 millones desempleados no ha cumplido 24 años (datos OIT). Alrededor de 35 por ciento de los jóvenes desempleados en las llamadas economías avanzadas no tuvieron empleo durante seis meses o más y la gran mayoría ya no ocupará un lugar en el mercado laboral, otros perderán rápidamente sus competencias profesionales y sociales por falta de opciones para acumular experiencia laboral. Cientos de miles de profesionales aceptan cualquier empleo por horas y a cualquier precio, solo para pagar techo y comida. El 12.7% de jóvenes de la Eurozona no tiene empleo, no va a un centro educativo y no asiste a ningún tipo de formación. El capital, que les había ofrecido esperanzas por un mundo mejor, ahora los elimina del sistema, les bloquea las posibilidades del progreso. Al capital no le interesa el futuro de la humanidad, le interesan los negocios, extraer la sustancia del trabajo humano rápidamente y desechar al ser humano.
 
La situación para las mujeres es similar. En 2012 alrededor de 13 millones de mujeres perdieron sus empleos. En esta década ha crecido el número de iniciativas de equidad y las declaraciones apuestan por eliminar la violencia de distinto tipo padecidas por una de cada tres mujeres en el mundo, pero continúan siendo el rostro más visible de la pobreza. Para el capital no existe género, es despótico, mezquino y criminal a la hora de imponer un desarrollo forzado, basado en técnicas de guerra, según las condiciones de cada país. Las mujeres unas veces son desplazadas de la agricultura y arrastradas a la industria y otras de la industria a los servicios, en cualquier caso con empleos precarios y remuneraciones carentes de garantías de seguridad social.
 
Los adultos jubilados completan el panorama del lucro sobre la gente, cada vez reciben menor atención estatal y son vistos por los capitalistas como una carga. Son expuestos como privilegiados usurpadores de lo que pudiera corresponder a otros, son convertidos de despojados en despojos a los que trata de presentar como inútiles. Sin embargo con los recursos ahorrados por los jubilados en décadas de trabajo, los financistas privados aumentan la especulación financiera global.
 
En las cifras oficiales de desempleo se omiten otros cientos de millones de excluidos del capital y del poder que son los subempleados, que son realmente desempleados estructurales. Carecen de empleo y de las garantías asociadas a este, en 72 países de 198 de la OIT, estos reciben un temporal y exiguo seguro de empleo, que cubre a menos del 15% de los desempleados del planeta. En la misma secuencia de daños estructurales provocados por el capital están 397 millones de trabajadores que viven en la pobreza extrema y otros 472 millones de trabajadores que no pueden satisfacer sus necesidades básicas con regularidad.
 
El desempleo se ha convertido en la epidemia que recorre el mundo. Son cientos de millones de personas expulsadas del sistema productivo y condenadas a la miseria humana, son convertidos en seres anónimos que tratan de huir solitarios en medio del hambre y la esquizofrenia que produce la exclusión. Hay quienes nunca podrán obtener un empleo y quienes tratan de sobrevivir a la doble violencia de nacer en un presente de negaciones y un incierto futuro de desesperanzas trazado por el capital. No es el mercado el que quita o crea empleos, tampoco es la mano invisible la que regula, son personas, aparecen en los registros del éxito global, tienen nombres y apellidos, son hombres del sistema que han hecho de la explotación su principal oficio, se deleitan produciendo capital para sus propios bolsillos y dolor y muerte para grupos y sociedades enteras. El desempleo destruye las relaciones sociales, los deseos y sueños que hacen más humanos a los humanos. El desempleo es hoy una frustración que mata, pero también una oportunidad que empieza a movilizar la conciencia en defensa de la vida y del planeta.
 
 Los llamados líderes mundiales de la economía en el (G-8, G-20), consideran que las expectativas de la economía mejorarán, apuestan por disminuciones del desempleo a costa de pauperizar aun más las condiciones de trabajo, de ofertar tiempos parciales donde había tiempos totales, de reducir las garantías de sanidad y de considerar toda actividad muscular o mental como un empleo a contabilizar. Sin embargo las gentes comunes y corrientes creen que la incertidumbre económica y la pérdida del empleo son el principal riesgo para los próximos años y también creen otra vez que el poder político que ampara al capital no es cosa distinta que la violencia organizada de la clase en el poder para oprimir y suprimir derechos.
 
Uno de los activadores del desempleo es la “volatilidad de los flujos internacionales de capital” que provoca daños estructurales arrastrando a las débiles economías locales a hacer ajustes inclusive en contra de sus propios nacionales. Un ejemplo son los tratados de libre comercio firmados entre potencias colonialistas y gobernantes bajo su tutela, lo que constituye una estrategia depredadora a favor de la concentración de capital global y de la destrucción de fuentes de empleo local. Lo que pareciera ser una incoherencia entre las políticas monetarias y las fiscales adoptadas en diferentes países hace parte de la estrategia de acumulación favorable a la volatilidad de tales capitales que perfeccionan sus técnicas de saqueo mediante una rápida explotación y acumulación de capital antes que incorporar a nuevos trabajadores. Los representantes políticos de las naciones hacen llamados formales a la responsabilidad social de los empresarios, mientras los representantes económicos y financieros de estos diseñan prácticas para aumentar sus riquezas privadas en detrimento de derechos y garantías conquistadas por los trabajadores/as y las sociedades a lo largo de luchas históricas.
 
La mayor preocupación es que, en todo caso, las políticas para atacar el desempleo provienen de los mismos escenarios del poder político y económico de los depredadores, que formulan recetas en favor del capital, dan garantías a los acumuladores e imponen las reglas de privatización del mundo. Cambiar las condiciones no corresponde entonces al plano de las regulaciones económicas, ni al orden institucional, si no al plano del poder, de la lucha política y social. Las movilizaciones y levantamientos sociales, constituyen nuevamente la herramienta principal de emancipación, contra la sujeción y la explotación, contra las técnicas y estrategias del capital. La economía de los dueños del capital no está en crisis, basta mirar sus indicadores que no paran de crecer, destruir el empleo y causar el desmonte paulatino de derechos, ellos son los responsables de la epidemia mortal del desempleo que excluye y elimina y exige actuar sobre ellos como saben hacerlo los pueblos.
 
Manuel Humberto Restrepo Domínguez
Alainet