Noticias de un día cualquiera. El partido del gobierno en España
rechaza el Impuesto a Transacciones Financieras; impone una ley de
régimen local que suprime servicios municipales imprescindibles para
millones de ciudadanos. La ministra de Sanidad contrata a un corrupto
imputado para implantar la gestión privada en hospitales del ministerio.
Privatizan el agua. Las 35 mayores empresas de España pagan 500
millones de euros menos en impuestos aunque el año anterior ganaron más.
El Gobierno aprueba un regalo de 30.000 millones a la banca. El
Gobierno justifica que los bancos no den crédito, porque han de velar
por la solvencia de sus clientes. Los pensionistas perderán 33.000
millones en 8 años. Más vueltas de tuerca en la aplicación de la reforma
laboral. El FMI amenaza con más “ajustes significativos” para reducir
la deuda… Sin olvidar la reducción presupuestaria, los recortes en
educación, el aumento del paro, de la precariedad, la pobreza y la
desigualdad… El remate es la nueva ley de seguridad ciudadana. Muchas
protestas sociales serán tratadas como delitos.
Louis Brandeis, juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, lo dejó muy claro: “Podemos
tener democracia o riqueza concentrada en pocas manos, pero ambas cosas
no”. Banca, corporaciones, grandes fortunas y Gobierno han elegido la
riqueza para la minoría. Para ellos. Lo logran saqueando a la
ciudadanía. Y con represión para impedir la respuesta cívica, la acción
de los trabajadores. Por eso las concentraciones frente al Congreso,
los escraches junto a viviendas de políticos o grabar y difundir
imágenes de policías en acción serán castigados con multas de hasta
600.000 euros. Y con penas de prisión de hasta cuatro años.
Sorprendente, porque según Gonzalo Moliner, presidente del Tribunal
Supremo, los escraches son “un ejemplo de libertad de manifestación”.
Pero a esta gente no les importan las libertades: son obstáculos a
derribar.
Como afirma el magistrado Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la
Democracia, “para el Gobierno del PP el ciudadano que protesta es el
enemigo”. Y para Margarita Robles, magistrada del Tribunal Supremo, ésta
ley prosigue la vulneración de derechos propia de este Gobierno.
Además, esgrimir seguridad es un burdo pretexto, porque “en España no
hay problema de seguridad”, afirma Robles. La criminalidad ha disminuido
regularmente sin cesar en los últimos años. España tiene uno de los
índices de criminalidad más bajos de la Unión Europea, según datos del
propio Ministerio de Interior. Y, si hablamos de protestas sociales, hay
confrontación con la policía en otros países (Grecia, Italia), pero no
en España. El movimiento ciudadano es pacífico y pacífica es la
desobediencia civil.
Incluso la policía critica esa ley. José María Benito del Sindicato
Unificado de Policía denuncia que, simulando amparar a los policías, la
nueva norma sólo protege a “la casta política”. Por eso criminaliza
protestas frente a sus domicilios o manifestaciones frente al Congreso. Y
la Coordinadora de ONG de Desarrollo expresa su preocupación por una
normativa que considera “delito de integración en organización criminal”
convocar una concentración de protesta por Internet en la que pudieran
producirse incidentes violentos al margen de la intención y voluntad de
quien convoca. El colmo es considerar “delito de atentado contra la
autoridad” la resistencia activa pacífica. Ésta gente encarcelaría al
mismísimo Gandhi.
Tienen una lógica totalitaria impecable. Saquear y la consiguiente
represión de la ciudadanía que reacciona contra el pillaje. Como bien
expone Carlos Martínez de ATTAC Andalucía, “estamos ya en una
pre-dictadura real y no somos conscientes de la gravedad de la
situación. Se ataca el derecho de huelga, las libertades de expresión y
manifestación y se prepara una ley represiva que permitan al poder y a
los poderosos recortar, privatizar y despedir masivamente, acallando la
protesta y oposición ciudadanas”.
Ante el rechazo social a la ley de seguridad, el Gobierno dice ahora
que es solo un borrador y Rajoy ha ordenado “suavizarla”. Es posible
pararla, si la ciudadanía se mueve. Y una reflexión de Luther King para
aclarar dónde estamos: “Nunca olviden que todo lo que hizo Hitler en
Alemania era legal”. Porque lo irrenunciable es la legitimidad de la que
este gobierno no conserva ni gota. ¿Podemos frenar esa ley franquista y
también el saqueo? Como afirma Mandela, “siempre parece imposible hasta que se logra”.
Xavier Caño Tamayo
Periodista y escritor
Periodista y escritor
CCS (Centro de Colaboraciones Solidarias)
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