“Los verdaderos amantes de la ley
y el orden son los que cumplen las leyes cuando el gobierno las quebranta” .—
Henry David Thoreau, La esclavitud en Massachussets (1854) [1]
Quizás deberíamos sustituir
“leyes” por “espíritu de las leyes” tal como las entendía Montesquieu. El mismo
Thoreau escribió en el texto citado: “las leyes no harán libres a los hombres,
son los hombres que harán a las leyes libres”. La modernidad inaugurada por la
revolución francesa estableció en nuestra cultura política los principios de
libertad, igualdad y fraternidad. Su declaración de derechos proclamaba “los
hombres nacen y se desarrollan libres e iguales”. Fue algo más que instaurar el
garantismo propio del Estado de Derecho y el concepto abstracto de libertad
propio del liberalismo conservador. La ciudadanía, status propio de la democracia,
exige políticas públicas que transformen las condiciones sociales y los marcos
legales que limitan los derechos de unos y facilitan los privilegios de otros.
Si las instituciones no lo hacen la desobediencia civil es un derecho
ciudadano. No siempre lo legal es legítimo, ni lo real es verdadero (Ernst
Bloch).
Recientemente he escuchado un
debate entre una magistrada del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco,
Gabiñe Biurrun, un prestigioso periodista de trayectoria democrática, Iñaki
Gabilondo, y un político, Eduardo Serra, que fue ministro de Defensa con el
PSOE y con el PP [2]. El político, Serra es un personaje de por sí francamente
antipático que se empeñó además en parecerlo.
Se aferraba a la literalidad del
marco legal para frenar cualquier modificación del status quo y reforzaba su
discurso con múltiples y poco explícitas amenazas. Su discurso fue una
provocación permanente para todos aquellos que son excluidos, a los que se
niega derechos básicos, sea la vivienda, el trabajo o una renta básica, o sea
el derecho a decidir sobre su futuro, como Catalunya o poder elegir entre
Monarquía o República. Es decir, la mayoría. El periodista, Gabilondo,
proclamaba los principios democráticos y en consecuencia se hacía portavoz de
los que reclaman cambios profundos en un país en crisis. Hizo de político en el
mejor sentido de la palabra, muy lejos de lenguaje de la “casta política
institucional”. La magistrada fue el personaje más espontáneo, claro y a mi
parecer el más próximo a la ciudadanía. Fue la sorpresa agradadable de la noche
y la que más llamó la atención. Anteponía la justicia a la literalidad del
marco legal lo cual en estos momentos tiene una gran trascendencia política
pues afecta a importantes conflictos políticos y sociales. Síntesis de sus
intervenciones: si las leyes no protegen los derechos lo que hay que cambiar
son las leyes, no negar los derechos. Lo cual supone que si no se cambian estas
leyes los ciudadanos pueden considerarlas ilegítimas y no merecen respeto. El
bloque conservador que hoy va desde el PP y la UPD hasta el PSOE deben considerar esta posición
como “antisistema”. Hoy representan la regresión democrática.
En España y en el marco de la
crisis política y económica se han multiplicado los conflictos sociales que
ponen en cuestión no solo las políticas públicas contrarias a los intereses
colectivos, también el marco jurídico-económico que lo hace posible debido al
uso perverso que se ha hecho de él. Nos referimos a casos como la movilización
social de las naciones (Catalunya, País Vasco), la plataforma de desahuciados
que han sido expropiados por los bancos, la reforma laboral que facilita los
despidos y la contratación precaria, la resistencia a la privatización de
servicios de servicios básicos como el agua, la energía y los transportes, la
oposición a proyectos urbanos especulativos y que no tienen en cuenta las
demandas ciudadanas, la “marea blanca” del sector de la sanidad y la educación
afectados por la reducción de los presupuestos y la entrega gradual al sector
privado, etc. Estos conflictos, en la mayoría de casos, son formas propias de
la desobediencia civil, puesto que superan los límites de derechos reconocidos,
como el de manifestación o de huelga. Se ocupan viviendas y oficinas públicas y
privadas, se paralizan servicios, no se aplican o se impiden que se cumplan
decisiones de las autoridades o de la judicatura, se promueven consultas no
legales, etc. ¿Cómo ha sido posible que estas acciones, a pesar de las
tendencias cada vez más autoritarias del gobierno español hayan sido en muchos
casos duraderas, hayan conseguido victorias, incluso judiciales, y casi siempre
hayan puesto en la agenda política importantes propuestas alternativas como la
dación en pago en caso de desahucio, la no privatización de hospitales
públicos, la municipalización de las sociedades de agua, etc.?
La eficacia de la desobediencia
civil se basa en la mayoría de casos, en Europa o en América, en que se cumplan
algunas condiciones como las siguientes.
Primero, la coherencia entre las
demandas o reivindicaciones sociales y las formas de acción, entre los
objetivos que se quieren conseguir y los interlocutores con poder de decisión y
la existencia de escenarios de negociación o resolución. Ante una privatización
de los hospitales públicos es importante que se manifiesten masivamente el
personal de sanidad. Sobre el derecho a la vivienda y la oposición a los
desahucios resulta es especialmente más eficaz que se movilicen los
directamente afectados. En unos casos el interlocutor puede ser una
Administración Pública, o un gobierno o un parlamento. O los tribunales,
nacionales o internacionales.
Segundo. El apoyo y la
comprensión de sectores importantes de la opinión pública. Los movimientos que
encuentran complicidades en los medios de comunicación pueden obtener un grado
de legitimidad que les fortaleces considerablemente. También cuentan las
opiniones favorables o el apoyo de sectores profesionales, de expertos, de
personajes de la cultura, que añaden un plus de legitimación.
Tercero. El objetivo de la
desobediencia civil debe protegerse ante la represión institucional. Para ello
es muy importante justificar la acción de resistencia apelando a la
ilegitimidad de determinadas leyes, o a la gestión considerada fraudulenta o
corrupta de administraciones públicas o empresas, el incumplimiento de tratados
internacionales o la existencia de normas jurídicas básicas como las
constituciones o los principios generales del Derecho. En numerosos casos hay
sentencias judiciales que “legalizan” comportamientos de desobediencia civil
que aplicando literalmente la legislación específica se podría considerar
delito.
En resumen, en épocas de cambios
profundos, se producen dinámicas excluyentes, se reducen los derechos de las
mayorías, aumentan las desigualdades, como está ocurriendo ahora en muchos
países. Pero también es un momento histórico en que se ponen al descubierto las
injusticias y los privilegios, se movilizan importantes sectores de la
población y se multiplican las propuestas alternativas. Las instituciones
pueden ser un muro que se oponga a los cambios o pueden asumir las demandas que
no pongan en cuestión los poderes establecidos. Pero casi nunca tienen ni la
capacidad de pensar un futuro distinto al presente ni la fuerza para oponerse a
los intereses de los privilegiados. Sin desobediencia civil no hay innovación
política y progreso social.
NOTAS: [1] Thoreau dictó una
conferencia sobre la desobediencia civil y fue publicada poco después (1848).
La cita corresponde a un texto de 1854. Por entonces Thoreau combatía la
esclavitud y aplicó el principio de la desobediencia civil negándose a pagar
impuestos a un gobierno que mantienía el sistema esclavista. [2] Nos referimos
al debate del programa Salvados, dirigido por Jordi Ebole del pasado 23 de
febrero, en el 25 aniversario del golpe de Estado fallido promovido por
militares de extrema derecha en 1981.
Jordi Borja es miembro del consejo editorial de SinPermiso
Sin Permiso
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